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Estados Unidos impuso este jueves restricciones de visado a los responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, donde unas 130 personas murieron en protestas antigubernamentales, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable", expresó Nahuert en un comunicado.

Estados Unidos indicó que no hará pública la identidad de las personas que perderán su visa de acceso a Estados Unidos, por asuntos legales.

"Pero estamos enviando un claro mensaje a los abusadores de los derechos humanos y aquellos que pisotean la democracia, que no son bienvenidos a los Estados Unidos", añade el comunicado.

Entre los afectados se incluyen policías, funcionarios de la alcaldías de Nicaragua, y del Ministerio de Salud.

"Específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia en contra de personas que ejercen sus derechos a la libertad de manifestación y expresión", indica la nota del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Altos mandos policial han perdido la visa de Estados Unidos, por los actos de violencia. Archivo/END

"Estos funcionarios han operado con impunidad en toda Nicaragua, incluyendo Managua, León, Estelí y Matagalpa. En algunos casos, los familiares de estos individuos también serán sujetos a la restricción de las visas", concluye el informe.

Estados Unidos remarcó que su anuncio de hoy afecta a ciertos funcionarios y no está dirigido en contra del pueblo de Nicaragua.

"Continuaremos monitoreando la situación y tomaremos acciones adicionales, de ser necesario. Estados Unidos llama a poner fin a la violencia y respalda las negociaciones para superar la crisis en Nicaragua", indica el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En días recientes, altos funcionarios de Estados Unidos, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, han criticado al gobierno de Nicaragua, al responsabilizarlo por los actos de violencia ocurridos, y que han cobrado la vida de unas 130 personas.

En Nicaragua las protestas comenzaron el 18 de abril y la población demanda el adelanto de elecciones, cambio de magistrados en los poderes del Estado y una reforma constitucional.

El tema se llevó a un diálogo nacional, pero el gobierno sostuvo que esa propuesta representa un golpe de Estado.

Esta tarde, el presidente Daniel Ortega se reunirá con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para analizar el futuro del diálogo nacional, suspendido desde el 31 de mayo, por los actos de represión.

Mientras, los tranques en la carretera a Masaya han sido reforzados.