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  • EFE

Dos de las principales organizaciones de agricultores del noroeste de Nicaragua denunciaron hoy que sus parcelas están siendo invadidas por "tomatierras" y exigieron a las autoridades "actuar conforme ley", en medio de la mayor crisis sociopolítica que atraviesa el país en décadas.

La Asociación de Agricultores de Chinandega (Adach) y la Asociación de Productores Privados de Caña de Azúcar de Occidente (Aprico), establecidas en el noroeste de Nicaragua, emitieron un comunicado conjunto para alertar de los delitos de los que son víctimas.

"Desde el pasado viernes 1 de junio nuestro gremio está siendo afectado por invasiones de tierras en diferentes sectores de nuestro departamento (Chinandega)", señalaron los agricultores. Casos similares han sido denunciados en los departamentos (provincias) donde la crisis que atraviesa Nicaragua ha presentado mayor violencia, como Masaya, Granada, Managua, León, Rivas y Estelí, pero ninguno por parte de organizaciones gremiales.

"Exigimos a las autoridades actuar conforme ley y poner alto a dichas invasiones de tierras de manera inmediata", sostuvieron los agricultores, que además solicitaron "específicamente a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, pronunciarse llamando a la prohibición de estos actos ilegales".

Los agricultores afectados son en su mayoría productores de maní, ajonjolí y caña de azúcar, que están entre los principales 20 productos de exportación de Nicaragua. Las organizaciones agrícolas advirtieron que las tomas de tierra podrían afectar "fuertemente" la economía nicaragüense. El sector agropecuario de Nicaragua representa entre un 18 por ciento y un 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua.

El origen de los "tomatierras" es desconocido, pero coincide con la inseguridad que acarrea la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, que ha dejado al menos 127 muertos y más de un millar de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en una reclamación que pide su renuncia entre acusaciones de abuso de poder, ejecuciones extrajudiciales y corrupción.