•   Managua, Nicaragua  |
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  • EFE

Representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostienen hoy en Managua reuniones con diplomáticos acreditados en Nicaragua, empresarios y universitarios, para dar a conocer su cronograma de trabajo de cara a una reforma electoral, de acuerdo con información preliminar.

Gonzalo Konke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro; Luis Rosadía y Luis Porto son quienes sostienen citas con el sector empresarial, estudiantes y sociedad civil.

Entre los embajadores que han estado en las citas está Kenny Bell, de la Unión Europea; y los embajadores de Francia, Philippe Létrilliart, y Alemania,Ute König.

También asistió la presidenta de AmCham, María Nelly Rivas, y representantes de la Coalición Universitaria.

Rivas dijo que sobre el adelanto de las elecciones en Nicaragua los asesores y especialistas en el tema difieren sobre el tiempo en que estas se puedan celebrar y es un punto en el cual deben ponerse de acuerdo.

La presidenta de AmCham mantuvo que lo ideal es que se adelanten las eleccoines en Nicaragua lo más pronto posible.

El gobierno de Nicaragua y la OEA acordaron un plan para impulsar reformas electorales. En ese marco, es que los representantes del organismos están en Managua.

Además, la semana pasada renunció Roberto Rivas a su cargo como magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

El cronograma consensuado con el gobierno, incluye entre julio a octubre que la OEA despliegue un grupo de expertos en derecho electoral y celebrar reuniones de trabajo para las reformas electorales con autoridades, partidos políticos y sociedad civil.

Además, entre noviembre y diciembre se presentará un desarrollo de propuesta de reforma electoral.

Roberto Rivas, expresidente del CSE. Archivo/END

Para enero de 2019 tanto Gobierno como OEA entregarían la propuesta de reforma electoral, según el cronograma acordado.

Nicaragua sufre una ola de protestas, que exigen cambios profundos, como adelantar elecciones, cambiar a los magistrados en los poderes del Estado y reformas constitucionales.

En las protestas han muerto unas 130 personas, de acuerdo con cálculos de los organismos de los derechos humanos.