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Estados Unidos anunció este jueves la imposición de restricciones en las visas de funcionarios y otras personas involucradas en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

“La violencia de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, particularmente, contra estudiantes universitarios (...) es inaceptable”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una declaración.

Según el Departamento de Estado, la Administración del presidente Donald Trump decidió restringir los visados a los individuos responsables de abusos de derechos humanos y culpables de socavar la democracia nicaragüense.

Los afectados por estas restricciones son funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud, “especialmente los que dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión”.

En el comunicado, Nauert no precisó el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los identificó, pero sí aseguró que “en ciertas circunstancias los familiares de esos individuos también verán restringidas sus visas” para entrar en los Estados Unidos.

La portavoz atribuyó a las normas de confidencialidad el hecho de que no identifique públicamente a los implicados.

“Sin embargo, enviamos un mensaje claro sobre que los que abusan de derechos humanos y quienes socavan la democracia no son bienvenidos en EE. UU.”, enfatizó Nauert.

El Departamento de Estado destacó que las limitaciones no apuntan a la población nicaragüense en general y avanzó que continuarán monitoreando la situación en el país y pidiendo el final de la violencia, así como unas negociaciones pacíficas para poner fin a la crisis.

Piden sanciones

Un grupo de legisladores estadounidenses pidió el miércoles a Trump que sancionase en concreto a dos funcionarios nicaragüenses; Francisco Díaz, jefe de la Policía de Nicaragua, y Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ambos muy próximos al presiente Daniel Ortega, por su responsabilidad en la represión de las protestas antigubernamentales.

Los senadores, entre los que están Marco Rubio y Ted Cruz, pidieron a Trump averiguar el papel de Díaz “en los homicidios de decenas de manifestantes” y sobre López, quien es vicepresidente de la petrolera Albanisa, propiedad de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señalaron que “debe ser sancionado” por firmar contratos de préstamos irregulares y beneficiarse de exenciones de impuestos.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen también solicitó este jueves al gobierno de Donald Trump sancionar a tres altos funcionarios de la administración de Daniel Ortega, congelando sus cuentas y suspendiéndoles la visa.

Esos funcionarios son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, ministra de Salud; y Roberto López, presidente ejecutivo del Seguro Social en Nicaragua.

Ros-Lehtinen solicitó además sanciones para Tirso Zeledón, de quien dijo se ha beneficiado del seguro social.

“Todos son parte del círculo íntimo de Ortega y son responsables por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos”, declaró la congresista.

“Pido al Gobierno que no tome mucho tiempo para que congele las cuentas, cancele visas y sancione a los responsables de mucha corrupción y asesinatos en Nicaragua”, agregó.