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Un grupo de ocho expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este jueves el “cese inmediato” de la violencia en Nicaragua y manifestó su “consternación” por la continuación de la represión.

Hasta este jueves, defensores de derechos humanos nacionales contabilizaban al menos 173  personas fallecidas y más de un millar de heridos.

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“Estamos profundamente consternados al ver que la represión y el uso de fuerza excesiva e indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía-antimotines y los grupos armados progubernamentales, no se ha frenado”, manifestaron los expertos de la ONU a través de una declaración conjunta publicada en Ginebra.

Los expertos manifestaron estar muy preocupados por la violencia sostenida en Nicaragua desde el 18 de abril y recomendaron “encontrar un camino inmediato y coherente a través de un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis”.

También instaron al gobierno nicaragüense a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que visitó el país entre el 17 y 21 de mayo, y alentaron a las autoridades a “cooperar plenamente” con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigará los recientes actos de violencia en el país.

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“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que respete sus obligaciones de derechos humanos y lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables”, manifestaron los expertos.

Además, condenaron los actos de violencia, represión y acoso hacia los defensores de derechos humanos y activistas, por lo que exhortaron al Estado a “protegerlos y garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura”.

Entre los expertos de la ONU que se pronunciaron están Clément Nyaletsossi Voulé, relator especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; y Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

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El grupo de expertos insistió en que el Gobierno permita la visita de los relatores especiales al país y que autorice el acceso de una misión de monitoreo realizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, una solicitud que este organismo ya había realizado desde el pasado 7 de mayo; pero que no ha sido respondida por las autoridades nicaragüenses.