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  • ACAN-EFE

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) hizo hoy un llamado urgente al Gobierno de Nicaragua para que evite "más derramamiento de sangre" en la ciudad de Masaya, que es asediada por cientos de policías y fuerzas de choque oficialistas.

"Hacemos un llamado urgente al Gobierno de Nicaragua, un SOS, a que evite más derramamiento de sangre, hay 400 policías, antimotines y fuerzas de choque, asediando Masaya desde el (cerro) Coyotepe, y están esperando refuerzos para atacar a una población que protesta sin armas", dijo a Acan-Efe el presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva.

Matan de un balazo en la cabeza a hombre en Masaya

El asedio a Masaya, ubicada a 29 kilómetros al sureste de Managua, se da un día después de que las fuerzas del Gobierno de Daniel Ortega "arrasaron" en la ciudad vecina de Nindirí, donde la intervención de la iglesia católica y la ANPDH evitó muertes, aseguró Leiva.

El defensor de los derechos humanos dijo temer que en el caso de Masaya sea diferente. "Masaya está en un eminente peligro de derramamiento de sangre de magnitudes incuantificables, porque nunca ha estado ante la posibilidad de que haya tantos muertos", insistió Leiva.

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Desde el 18 de abril pasado Masaya ha reportado al menos 15 fallecidos, y la cantidad se mantiene desde hace más de una semana porque la población mantiene sitiada en su cuartel a la Policía local, y ha elevado barricadas para impedir el ingreso de refuerzos desde afuera.

"Llevamos 200 muertos ya en todas las ciudades desde que inició la crisis, el Gobierno debe parar ya la represión, porque es una lucha desigual entre quienes tienen las armas y la población que únicamente se defiende con barricadas y morteros (artesanales)", sostuvo Leiva. Nicaragua lleva ya casi dos meses en la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.

Dos muertos más, en Masaya y Chinandega

Las protestas contra Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.