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La iniciativa de enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la que se propone imponer sanciones económicas y bloqueo de visas a personas responsables de la violencia y de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua, no fue aprobada este viernes por el Senado, y volverá a ser presentada la próxima semana.

Lo anterior lo confirmó a El Nuevo Diario Juan Pachon, director de Comunicaciones del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Según Pachon, el texto de la enmienda fue debatida este viernes en la sesión plenaria del Senado, pero “los republicanos limitaron el debate del proyecto NDAA, y no permitieron se agregaran enmiendas como esta”.

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La enmienda había sido propuesta por el senador demócrata Robert Menéndez, y respaldada por los senadores Ted Cruz, Bill Nelson, Marco Rubio y Dick Durbin.

A pesar de la denegación de la iniciativa, Pachon afirmó que el senador Menéndez “está muy preocupado con la situación en Nicaragua y sigue buscando formas de presentar esta propuesta”, ya sea “como enmienda a otros vehículos legislativos o como un proyecto de ley por sí solo”.

Otros mecanismos

Otras sanciones del Gobierno de Estados Unidos pueden darse a través de la ley global Magnitsky, contra responsables de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos cometidos en cualquier país extranjero, dijeron otras fuentes en Washington.

El presidente de EE. UU. puede recibir solicitudes de sanciones, de los altos representantes del Congreso, incluyendo el miembro de mayor rango de uno de los comités parlamentarios, para ser aplicadas a personas extranjeras que han participado en actividades prohibidas; y cada año el presidente informará al Congreso sobre los sancionados con la ley global Magnitsky.

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También señalaron que el Secretario de Estado de EE. UU., puede presentar al Congreso en este mes una lista de funcionarios públicos de alto rango del Gobierno de Nicaragua, involucrados en actos de corrupción y violación de derechos humanos, en el contexto de la Ley de Asignaciones de Créditos, Operaciones Exteriores y Programas Relacionados, 2018.

Esta fue aprobada el 7 de septiembre de 2017 y establece que 180 días después de su promulgación, el Secretario de Estado deberá presentar a los comités parlamentarios apropiados un análisis de costo-beneficio de cada contribución, considerando, entre otros factores, que el receptor se alinee con el interés nacional de EE. UU.

La enmienda propuesta este viernes por el senador Menéndez incluía la imposición de sanciones dirigidas a funcionarios del gobierno nicaragüense o a cualquier persona que actuara en nombre del gobierno, que hubiera sido responsable o cómplice de los actos de violencia o abusos graves a los derechos humanos hacia manifestantes, de dirigir acciones o políticas que socavan los procesos democráticos o instituciones en Nicaragua y de actos de corrupción.

Las sanciones, que según el documento podrían ser aplicadas a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional o del sistema judicial, serían el bloqueo de activos y la revocación de visados estadounidenses.

Sanciones recientes

El pasado 7 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó con la revocación de visas de entrada a su país a funcionarios de Nicaragua y a sus familias.

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Aunque no revelaron la identidad de los sancionados, se conoció que estos son policías, funcionarios de las alcaldías de Nicaragua y del Ministerio de Salud.

En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que “de ser necesario”, tomarían “acciones adicionales” contra aquellos funcionarios que han cometido abusos a los derechos humanos en Nicaragua.