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Un total de 31 personas y sus familiares han recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua, incluidos cuatro niños, tres sacerdotes, un defensor de derechos humanos, universitarios y familiares de víctimas mortales de la represión a protestas antigubernamentales.

Así lo refleja el sitio web de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) que la CIDH conformó para darle seguimiento a la crisis de Nicaragua que este lunes cumple dos meses.

La CIDH ha emitido cinco resoluciones, entre el 21 de mayo y el 10 de junio, solicitando al Estado de Nicaragua medidas cautelares para más de treinta personas que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia” al haber sido objeto de amenazas, hostigamientos y hechos de violencia.

Los primeros beneficiarios fueron trece universitarios del movimiento estudiantil, algunos de ellos representantes en la mesa de diálogo nacional: Bosco Bermúdez, Brandon Cruz, Fernanda Portocarrero, Fernando Sánchez, Ángel Rocha, Víctor Cuadras, Lesther Alemán, Iskra Malespín, Judith Mairena, Mildred Rayo,  Madelaine Caracas, Manuel López y Kevin Espinoza.

Posteriormente, la CIDH otorgó medidas cautelares a cuatro menores de edad y sus familiares, y a diez familiares de heridos o víctimas mortales de la represión.

Uno de los menores, de iniciales J. A. M. R., habría sido el único testigo sobreviviente de un ataque en el que asesinaron a dos personas tras visitar a un familiar que se encontraba atrincherado en la Universidad Politécnica (Upoli).

Otros dos hermanos menores de edad, son los hijos de un hombre que murió mientras ayudaba a los estudiantes de la Upoli, quienes reportaron sentirse perseguidos y acosados. El otro menor tiene 18 meses de edad y fue impactado por una bala, en Matagalpa, y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas.

Sobre los familiares de personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas, la CIDH resaltó que “además del impacto que tendría el haber sufrido la pérdida de un ser querido presuntamente en condiciones violentas -en uno de los casos teniendo un impacto diferenciado en vista de la condición de niño del propuesto beneficiario- personas motorizadas o transportadas en camionetas continuarían hostigando a las personas” que recibieron las medidas cautelares.

Además, establece que estas personas “se encontrarían en una situación de riesgo a sufrir represalias como resultado de los actos de violencia ejercidos en contra de sus familiares en el contexto de la represión de protestas sociales, o bien, en su calidad de sobrevivientes y testigos”.

También la CIDH otorgó medidas cautelares para los religiosos Monseñor Silvio José Báez, padre Edwin Heriberto Román, el jesuita José Alberto Idiáquez y para el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva.