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Al menos 50 denuncias sobre violaciones de derechos humanos recibe a diario la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), punto que será destacado en un informe que el organismo prepara sobre la crisis sociopolítica que vive el país.

El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, señaló que un equipo de seis abogados prepara la información que entregarán a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las más recientes acciones de represión, que según las denuncias ciudadanas son ejecutadas por la fuerza pública y parapoliciales.

“Estamos haciendo grandes esfuerzos porque hay un promedio de 50 denuncias al día. Estamos analizando las denuncias por crímenes de lesa humanidad”, indicó Cuevas. Los casos que van denunciados son por ejecuciones extrajudiciales, tortura, intento de homicidio y desapariciones forzadas, entre otros delitos del Gobierno contra la población civil en protesta”, apuntó Cuevas.  

“Una de las denuncias es que no solo en la Dirección de Auxilio Judicial se está torturando, también en los distritos lo están haciendo”, comentó el asesor legal de CPDH, quien lleva el caso de dos jóvenes detenidos por la policía durante las protestas, los cuales denunciaron maltrato físico en la delegación del Distrito VI.

Cuevas también destacó que los perpetradores de la violencia son los escuadrones civiles armados que acompañan a la policía durante los ataques contra los protestantes. Una característica es que además de portar fusiles de guerra, las autoridades les permiten cometer robos y vandalismo.

También reveló el caso de una familia de Villa de Progreso a la que encapuchados amenazaron con fusiles AK dentro de su propia vivienda. Incluso a cinco niños menores de 10 años los pusieron boca abajo, poniendo los cañones sobre sus cabezas.  “Ahora los niños no pueden dormir, están nerviosos desde el suceso y una adolecente perdió el habla por el impacto sicológico”, aseguró Cuevas.

Conteo de muertes

Según los registros de las organizaciones locales de derechos humanos, desde el inicio de las protestas hasta el 18 de junio, las organizaciones de derechos humanos tienen contabilizadas entre 175 y 215 fallecidos. La diferencia de cifras depende de la denuncia y la comprobación de las muertes.

CPDH tiene en sus registros 175 muertes y 30 casos pendientes de comprobación;  también reportan 1,600 heridos  y 65 desaparecidos.

En el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sus informes contabilizan 182 muertes.

El secretario general de la Asociación Permanente Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, consideró difícil el conteo de muertes porque se producen nuevos casos constantemente. Hasta el lunes el monitoreo de ANPDH tenía registradas 215 muertes.

Tres adolescentes detenidos en El Chipote

Al menos tres adolescentes de entre 15 y 17 años permanecen detenidos ilegalmente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, reveló ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Uno de los detenidos fue identificado como David José Martínez, de 15 años, capturado en el barrio Santa Rosa, de Managua, desde el pasado viernes 15 de junio, cerca de su casa. Pese a que el Tribunal de Apelaciones emitió una orden de libertad a favor del menor de edad, la cual está en poder de sus familiares, las autoridades de la DAJ no lo han liberado, indicó ayer Braulio Abarca, abogado del Cenidh.

“Esta sentencia, este mandamiento de libertad tiene que ser de obligatorio cumplimiento, si no están incurriendo en desacato a la autoridad pública. Este documento ni siquiera viene de un juez, vienen del Tribunal de Apelaciones de Managua, de los magistrados”, declaró Abarca.

En las celdas de la DAJ, hay aproximadamente 35 o 40 personas retenidas, cuyos familiares denuncian que fueron capturados por policías y fuerzas de choque en barrios de Managua como La Primavera, Nueva Libia, Bello Horizonte, Georgino Andrade y Cristo El Rosario.

Otro de los detenidos es Bernardo Jarquín, de 27 años, quien fue arrestado desde el pasado viernes, confirmaron familiares. “Él iba a traerme, porque yo andaba retirando mi pensión, pero lo agarraron cuando salió”, explicó Anastasia Morales, de 96 años,  quien permanece a las afueras de la prisión desde hace varios días a esperas de la liberación del joven.