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  • EFE

Las fuerzas "parapoliciales" del Gobierno de Nicaragua se apoderaron de algunas carreteras del país luego de ataques a ciudades como Masaya, Estelí y Jinotepe, informó hoy el Movimiento 19 de Abril-Masaya, compuesto por manifestantes "autoconvocados".

"Después de los ataques, los 'parapolicías' se tomaron toda la Carretera a Masaya, la misma información recibimos de Estelí (norte) anoche, y ahora tenemos a esos encapuchados controlando las carreteras", dijo un portavoz del Movimiento 19 de Abril-Masaya, en una declaración pública.

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Los "parapolicías", llamados así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son hombres encapuchados, fuertemente armados, que se desplazan en camionetas junto con la Policía Nacional, realizan arrestos, asaltos, y disparan contra la población.

Organizaciones humanitarias locales e internacionales señalan a los "parapolicías" entre los responsables de unos 200 muertos y más de 1,500 heridos, dejados por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril pasado.

El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lamentó hoy que el Gobierno de Daniel Ortega desoyó su llamado, y el de otros obispos, como Silvio Báez, Rolando Álvarez, y Juan Abelardo Mata, a detener el ataque a Masaya que dejó al menos 3 muertos y 30 heridos, antes de que ocurriera.

"Ha sido bien triste, se le pedía que detuviera esa acción que tenían planeada sobre Masaya, fue bien triste que no escuchó la solicitud que hicimos, fue lamentable", dijo Brenes.

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Los ataques se dieron en el mismo día en que Nicaragua esperaba que el Gobierno presentara, ante la mesa del diálogo nacional, las cartas de invitación a la CIDH, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea (UE), para que su presencia garantice el cese de la represión por parte de Ortega, lo que no ocurrió.

Nicaragua cumplió el lunes dos meses desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente.

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Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.