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El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, afirmó que “todos los nicaragüenses son los verdaderos dueños de su país” y que “es la voluntad popular la que debe prevalecer” a través de elecciones, las que deberán celebrarse en nueve meses como plazo mínimo o 14 meses como máximo.

La mayoría de los países miembros del Consejo Permanente, con excepción de Venezuela y Nicaragua, respaldaron este jueves el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que en Nicaragua han ocurrido “graves violaciones a los derechos humanos” provocadas por el Gobierno desde que iniciaron el 18 de abril una serie de protestas antigubernamentales.

Fotos: Sesión del Consejo Permanente de la OEA que estudia la crisis en Nicaragua

“La respuesta debe ser pronto, el tiempo va contra Nicaragua”, dijo Almagro, quien detalló que la propuesta de la OEA es que se celebren elecciones generales, municipales y parlamentarias anticipadas en los plazos que mencionó.

Según Almagro, la OEA debe “solicitar y contribuir a la restauración de la democracia en Nicaragua sobre la base de los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Agregó que estas soluciones a la crisis, que pasarían por “los caminos insoslayables” de la verdad y la justicia, no deben demorar, porque “no puede haber más muertes, no puede haber más heridos, no puede haber más represión”.

Pagar por crímenes

Almagro pidió exigir al Gobierno de Nicaragua “el cese inmediato de las violaciones de los derechos humanos y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CIDH”, resaltando por primera vez desde el inicio de la crisis la responsabilidad estatal en la ola de violencia en que está sumida Nicaragua.

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“Los responsables de las muertes y demás aberraciones deberán comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes, no puede haber otra opción”, afirmó Almagro, quien además destacó que la OEA apoya y hace suyas las recomendaciones emitidas hoy en el informe final de la CIDH.

Tras la presentación del informe final de la CIDH, los representantes permanentes ante la OEA de México, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Canadá, Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador y Estados Unidos respaldaron el informe y condenaron la represión y violencia estatal en Nicaragua.

Estados Unidos

Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, condenó la violencia perpetrada por las autoridades nicaragüenses y aseguró que su gobierno “está considerando varias opciones” para ayudar en el financiamiento al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se instalará en el país el próximo 3 de julio.

Trujillo calificó de “inaceptables” los “actos de violentos del Gobierno de Nicaragua” que incluyen ataques y amenazas contra protestantes pacíficos y contra la población en general. “La violencia debe parar. El gobierno de Nicaragua tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos”, aseguró.

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Destacó que si bien es necesario crear un mecanismo para investigar los abusos a los derechos humanos, es indispensable que se implementen reformas democráticas. “Elecciones anticipadas, libres y justas deben avanzar simultáneamente”, dijo, asegurando que “no hay otra manera de resolver la crisis política” en Nicaragua.

Representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, habla durante la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA que estudia la crisis en Nicaragua.

Trujillo visitó Nicaragua entre el 19 y el 20 de junio, para ver “de primera mano” la realidad del país. También se reunió con las partes involucradas en el Diálogo Nacional, incluyendo la Alianza Cívica y representantes del Gobierno. “Escuché un llamado generalizando en los ciudadanos nicaragüenses: elecciones anticipadas, libres y justas”, destacó.

La embajadora de Canadá, Jeniffer May Loten, condenó las acciones despropocionadas de las autoridades nicaragüenses y señaló que son inaceptables los crímenes cometidos y que los perpetuadores de esos crímenes deben ser condenados.

El diplomático canadiense demandó que en Nicaragua se celebren “elecciones libres en fechas acordadas” y recordó al gobierno nicaragüense que, como Estado miembro de la OEA, tiene la responsabilidad de que los comicios se celebren en un ambiente sin intimidación.

El embajador de México, Jorge Lomonaco, también lamentó las muertes ocurridas por la represión del gobierno nicaragüense, respaldó el trabajo de la CIDH y llamó a los donantes a otorgar financiamiento para que continúe la labor del organismo. El diplomático también llamó a que avance el trabajo en el diálogo nacional.

El embajador de Chile en la OEA, Juan Aníbal Barría, también elogió el trabajo de la CIDH, cuyo informe detalla la gravedad de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, a la vez que reconoció el trabajo de la Iglesia Católica en la democratización del país.

Costa Rica condenó la represión en Nicaragua. La embajadora de este país en la OEA, Rita María Hernández Bolaños dijo que el informe de la CIDH atestigua las actuaciones abusivas y uso desproporcionado de la fuerza.

Chile, Perú y Brasil también condenaron las violaciones a los derechos humanos de parte del Gobierno de Nicaragua, destacando las escenas desgarradoras mostradas por la CIDH y llamaron a resolver la crisis a través del diálogo nacional.

En contra

A diferencia de la mayoría de países representados en la OEA, los gobiernos de Venezuela y Nicaragua rechazaron el informe de la CIDH.

Bolivia, aunque no rechazó el informe, mostró su “preocupación” ante la objetividad del mismo, ya que según el embajador Diego Pary Rodríguez “a priori se sacan conclusiones y se hacen acusaciones sin que aún se hayan realizado todas las investigaciones”. Bolivia condenó la violencia “venga de donde venga”.

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Venezuela señaló a la CIDH de “falta de profesionalismo” e “imparcialidad” y denunció que este organismo protege a “los grupos desestabilizadores en contra del gobierno (de Nicaragua)”.

“No podemos aceptar que la OEA sea plataforma contra la democracia”, dijo Carmen Luisa Velásquez, representante de Venezuela, quien aseguró que su país rechaza el “malicioso” informe presentado ayer.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, manifestó el rechazo “de manera integral” del informe de la CIDH por parte del Gobierno de Nicaragua, por considerarlo “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”.

“No es política del Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional”, dijo Moncada, quien acusó a “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional de Nicaragua, ajenos a la reivindicación social” de haber generado la violencia, los incendios, saqueos y motines.

Según Moncada, el gobierno de Nicaragua “toma debida nota” de las recomendaciones de la CIDH.

Calendario para reformas electorales en Nicaragua

Gerardo de Icaza, secretario interino para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, presentó un calendario a través del cual el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA lograría “encaminar una reforma electoral integral” en Nicaragua.

La Misión de Cooperación Técnica que aplicaría la propuesta debería instalarse a más tardar al mes de julio “por las situaciones que vive Nicaragua”, según Icaza, quien explicó que el proyecto se implementaría en dependencia de los recursos financieros que se reciban de los Estados miembros.

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“De contar con los recursos y el compromiso de todas las partes para cumplir con las actividades en cronograma, Nicaragua estaría en condiciones de tener nuevas elecciones en el primer trimestre de 2019”, indicó el funcionario.

La propuesta se divide en tres grandes rubros y este sería el calendario:

Reformas electorales: La propuesta deberá abordar la integración de los organismos electorales, la regulación de las controversias y medios impugnatorios, el fortalecimiento de sistema de partidos, aspectos de financiamiento político, disposiciones sobre equidad de género, la participación de la sociedad civil en los procesos electorales.

Julio-octubre 2018: Un grupo de expertos de derecho electoral llegaría a Nicaragua para sostener reuniones con autoridades, partidos políticos y sociedad civil.

Noviembre-diciembre 2018: Los expertos desarrollan una propuesta legislativa.

Enero 2019: Se entrega la propuesta desarrollada por expertos. 

Aplicaciones tecnológicas: El proyecto cooperará con el diseño de una página web que contenga la normativa aplicable, la memoria histórica de los procesos electorales, así como brindar información oportuna a la ciudadanía, a las fuerzas políticas y a los medios de comunicación.

Julio-noviembre 2018: Realización del análisis, diseño y desarrollo de diversas herramientas para la logística de paquetes electorales, acreditación de jurados de votación y los componentes para la página web del CSE.

Diciembre 2018: Pruebas de funcionamiento y entrega de los elementos desarrollados.

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Guía de protocolos: Elaboración de una guía que defina protocolos y criterios técnicos para el tribunal electoral. Contará también con un sistema de reconocimiento inteligente de caracteres y divulgación de resultados.

Julio-Septiembre 2018: Estudios técnicos, reuniones de trabajo con consejo y equipos técnicos de las fuerzas políticas y sociedad civil.
Octubre-diciembre 2018: Desarrollo de una propuesta y validación.

Enero 2019: Entrega y presentación de la guía.