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El informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), enfatiza que la represión de las protestas ciudadanas por el gobierno ha tenido como consecuencia “una grave crisis de derechos humanos” en Nicaragua.

El informe refuerza que las autoridades nicaragüenses no respetaron los derechos “a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia de los protestantes”, lo que cobró en dos meses la vida de 212 personas, entre estas 16 niños y adolescentes que murieron de forma violenta, cinco de los cuales presentaron impacto de bala en la cabeza, cuello y tórax.

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La violencia represiva también ha dejado al menos 1,337 heridos, 507 personas privadas de libertad y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamiento, amenazas y otras formas de intimidación.

Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão.

“Este documento en papel no es capaz de reflejar la integridad de una realidad alarmante, no es capaz de traducir integralmente los dramas humanos que viven hoy las personas dentro de Nicaragua”, señaló Paulo Abrão, secretario general de la CIDH, quien explicó que este organismo sistematizó en un mes toda la información recabada durante su visita al país y posteriormente incluyó 1,007 testimonios directos.

Según los hallazgos del organismo internacional que visitó Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo, la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones a través de un patrón caracterizado por, entre otros, “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales, detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas y obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos”, dijo Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua ante la CIDH, quien dio lectura al informe.

“En Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo”, señaló Urrejola, quien justificó así el otorgamiento de medidas cautelares de al menos 30 personas hasta la fecha.

Recomendaciones

La CIDH retomó las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua establecidas en las observaciones preliminares de su visita de trabajo, dentro de las que se encuentran el cese inmediato a la represión, el respeto y garantías del derecho a la protesta y la libertad de expresión, y el desmantelamiento de los grupos parapoliciales y de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.

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Además, realizó nueve recomendaciones adicionales, incluyendo el cese inmediato de las detenciones arbitrarias de quienes participan de las protestas, la elaboración de un registro público que contenga información relativa a las detenciones en caso de que ocurran, el inicio de una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y torturas, y las garantías de brindar trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado.

También recomendó adoptar medidas para que se realicen peritajes médico-legales en todos los casos de víctimas de violencia en el marco de las protestas, garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares, asegurar atención médica de emergencia a las personas que resulten heridas, proteger los equipos y personal humanitario ante posibles ataques o agresiones e implementar un programa para atender los impactos psicológicos de la población afectada por la violencia.

Punto de partida

Urrejola manifestó que este informe representa un punto de partida para el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se instalará en el país el próximo 3 de julio, pues enfoca las principales líneas de investigación y las recomendaciones de acciones particulares que deben ser realizadas en los distintos niveles de responsabilidad jurídica.

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También sirve de base para la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de para Nicaragua (MESENI), el cual seguirá el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del informe y de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en este contexto.

Urrejola reveló que este domingo llegará a Nicaragua “un equipo de avanzada de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH”.