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El rechazo de la representación del Gobierno nicaragüense al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el asedio de tropas antimotines con grupos civiles armados en las ciudades de Masaya y León, no representa buen augurio sobre una pronta solución al conflicto sociopolítico del país, señalaron representantes de organizaciones de derechos humanos.

“El hecho de que el Estado rechace el informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país, demuestra una falta de voluntad de garantizar los derechos de los nicaragüenses”, dijo la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra, agregando que una de las situaciones más graves es la presencia de grupos de civiles armados en el país.

Indicó que en ninguna parte de la Constitución, en las normas de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua establece permitir el actuar o trabajar con civiles armados y que todo miembro de estas instituciones del orden y la defensa del país, por ley, deben estar debidamente identificados.

Ante la inseguridad jurídica y la represión, el Cenidh ha tramitado más de 50 medidas cautelares a la CIDH y aproximadamente el 50% de estas medidas de protección fueron autorizadas, sin embargo en ninguno de los casos el Gobierno han tenido un acercamiento con los beneficiarios.

Ante la aseveración del Gobierno de estar investigando los asesinatos en Nicaragua, el abogado del Cenidh, Braulio Abarca, dijo que entre los 215 asesinatos verificados, dan acompañamiento a familiares de 60 para hacer la denuncia en el Ministerio Público.

Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que los casos están debidamente documentados con testificales y pruebas en video, sin embargo la posición del Estado es de falta de interés por encontrar respuesta.

Añadió que el descrédito que da el Gobierno al informe de la CIDH no tiene fundamentos, ya que la comisión especial que vino a Nicaragua fue a los departamentos y en tres días hubo más de 3 mil denuncias directas y recopiló pruebas con fotografías y videos.

Para el secretario general de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, quien ha estado durante los ataques a Masaya, comentó que el Gobierno está frente a una profunda crisis por la violación de derechos humanos.

“El informe de la CIDH es muy coherente con la realidad de Nicaragua y el excesivo uso de la fuerza contra la población en protesta es evidente”, dijo Leiva.