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  • EFE

Nicaragua amaneció en aparente calma, a la espera de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que debe llegar hoy a Managua para apoyar el trabajo del diálogo que busca una solución a la crisis que ha dejado al menos 221 muertos.

Por primera vez en varias semanas los organismos humanitarios no reportaron ataques contra la población en horas de la madrugada por parte de las llamadas "fuerzas combinadas" del Gobierno, que involucran a la Policía, fuerzas de choque oficialistas conocidas como "turbas" y grupos parapoliciales.

Los nicaragüenses esperan que este mismo martes inicie la misión de ACNUDH, encabezada por la representante regional para América Central, Marlene Alejos.

El equipo de la ACNUDH se unirá al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Nicaragua desde el domingo y que el lunes estuvo presente en el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la mediación del Episcopado.

Los miembros de la Alianza esperan que la presencia de la ACNUDH y de la CIDH garantizará las condiciones para que los nicaragüenses puedan salir de sus casas y protestar, sin que sean atacados por las "fuerzas combinadas" del Gobierno de Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal también ha expresado su esperanza en que las organizaciones multilaterales propicien un ambiente de seguridad para avanzar en el diálogo nacional, que busca superar la crisis por medio de elecciones anticipadas, un tema que Ortega ha evadido desde el inicio de las negociaciones, en mayo pasado.

Tanto ACNUDH como la CIDH estarán presentes en las tres mesas del diálogo nacional, que abordan los temas de seguridad, justicia y sistema electoral.

El Episcopado no ha dado fecha para la próxima sesión el diálogo nacional, que debe llegar después de reuniones por separado de los organismos multilaterales con el Gobierno, la Alianza, y los obispos, según comunicó ayer el Episcopado.

Nicaragua atraviesa, desde hace más de dos meses, la crisis más sangrienta desde los años de 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, tras once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.