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  • ACAN-EFE

El movimiento Articulación Leonesa llamó hoy el Gobierno de Nicaragua a suspender las denominadas "camionetas de la muerte", con el argumento de que estas son utilizadas por la Policía Nacional para realizar ataques y arrestos a quienes se manifiestan contra el presidente Daniel Ortega.

"Basta ya de asesinar y encarcelar, no más camionetas de la muerte", resaltó la Articulación Leonesa, en un comunicado, emitido luego de que el joven Wilber Jarquín fue asesinado desde uno de estos vehículos, aparentemente ocupados por policías, la madrugada de este viernes.

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Las "camionetas de la muerte" son vehículos de tina, con las placas ocultas, en donde se transportan las "fuerzas combinadas" del Gobierno, tanto policías como civiles encapuchados, ataviados con armas. Dichas camionetas son temidas por la población de Nicaragua, ya que su presencia normalmente se traduce en tiroteos con saldos mortales y personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes.

En el caso de Jarquín, los ocupantes de una "camioneta de la muerte" le asestaron 12 balazos cuando este custodiaba una barricada, construida para evitar el paso de este tipo de vehículos en el barrio indígena de Sutiaba, en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, según la Articulación Leonesa.

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"Las barricadas son herencia de lucha contra la dictadura de (Anastasio) Somoza, hoy son símbolo de la resistencia y defensa de nuestras vidas", destacó la Articulación, que aglutina al Movimiento 19 de Abril-León y a la sociedad civil de la misma ciudad.

Datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) indican que entre el 18 de abril pasado y el 25 de junio al menos 285 personas fueron asesinadas como producto de la represión de Ortega, cuyas fuerzas se desplazan en las llamadas "camionetas de la muerte". Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han responsabilizado al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.

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Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua. Nicaragua lleva más de dos meses sumida en la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. A