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Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigará los actos de violencia en Nicaragua, que sufre una crisis sociopolítica que ha dejado casi 300 muertos desde el pasado 18 de abril, se instalará en un contexto adverso.

“El GIEI se instalará en un contexto adverso en el que el saldo de víctimas de violaciones a derechos humanos se incrementa diariamente”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en una declaración escrita enviada a Acan-Efe.

“En lugar de garantizar el cese a la represión y los derechos humanos de toda la población, el gobierno del presidente (Daniel) Ortega parece estar empeñado en sumar casos a la larga lista en los que deberá trabajar el GIEI”, continuó.

A juicio de Guevara, es indispensable que los agentes del Estado  y grupos parapoliciales que obran con la anuencia de la autoridad  estatal “detengan su sangrienta estrategia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes que Amerigo Incalcaterra (Italia), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Pablo Parenti (Argentina) y Sofía Macher (Perú), serán los expertos que coadyuvarán en la investigación sobre los hechos de violencia en Nicaragua y se instalarán este martes.

“No cabe duda que la instalación del GIEI de la CIDH trae esperanza a las miles de víctimas de la violencia estatal. Las autoridades nicaragüenses deben asegurar las condiciones para que el trabajo del GIEI contribuya a la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho las víctimas”, abogó la directora para las Américas de AI.

El mandato

El GIEI, junto con la Comisión de la Verdad y Justicia (conformada por el Gobierno), la Comisión de Verificación y Justicia (instalada en la mesa del diálogo) y el Ministerio Público, deberán revisar cada caso de muerte a partir del 18 de abril, de acuerdo con el mandato.

La misión de ese equipo de expertos es un requisito de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con mediación del Episcopado, denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).

El objetivo del Meseni es dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH en su informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que consisten, principalmente, en que el Gobierno cese la represión y garantice el respeto a los derechos humanos.

Tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.

Las violaciones incluyen “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y  detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población, mayoritariamente, joven del país”, según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.