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Los cinco integrantes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa, que fueron detenidos el pasado martes 26 de junio cuando se dirigían hacia Managua, aún están recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aunque estos fueron acusados desde el pasado sábado en los tribunales de Managua.

Maskiel Hernández, esposa de Roberto Cruz, uno de los detenidos, indicó ayer que las autoridades policiales no les han dado más información sobre los presos a pesar de que el viernes pasado obtuvieron una orden de liberación, un día antes de que se les acusara de delitos como crimen organizado, secuestro extorsivo, robo agravado y tenencia y uso de armas restringidas.

“Nos dieron la orden de libertad, a las 11 a.m. del viernes nos dieron la carta de libertad, a las 4 p.m. de ese mismo día no tenían ninguna acusación. Para las 11 a.m. del sábado ya los estaban llevando a los Juzgados”, expresó la esposa del detenido.

Además de Cruz, Marily Roque Ordóñez, Solange Centeno Peña, Eduardo Picado Tijerino y Francisco Antonio Castro, quienes tienen edades de entre 20 y 34 años. Estos fueron capturados la semana pasada por los oficiales de la policía en la carretera, cuando se dirigían a una reunión en Managua.

“Dicen que ellos son un grupo de líderes y a todos los están acusando por los mismos delitos. Ellos son presos políticos porque no hicieron nada más que intentar hacer un cambio para este Gobierno de este país. Nosotros los queremos libres porque ellos no son delincuentes, son estudiantes y trabajadores, madres y padres de familia”, agregó Hernández.

Hasta ayer, Hernández y otros familiares de los presos continuaban a las afueras de la DAJ, conocida también como El Chipote, esperando que las gestiones de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que logró ingresar a la cárcel, lograran la liberación de los cinco manifestantes. 

Denuncian amenazas

Hernández denunció que los miembros del movimiento habían sido amenazados a través de redes sociales por su participación en las manifestaciones realizadas en esta ciudad.

“Las amenazas han sido vía redes sociales, poniéndole un precio a su cabeza por U$ 5,000. Nos amenazaron también a su familia, a nuestros dos hijos y a nosotros, diciendo que tenemos armas y que nos iban a quemar igual que hicieron con la familia de aquí de Managua”, precisó la mujer.