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El excapitán de la Policía Nacional, Engel Antonio Aguilar Ney, quien manejaba los proyectos de infraestructura de esa institución, tuvo que huir del país por temor a represalias, pues fue dado de baja deshonrosa tras ser acusado de estarse expresando en contra de la Policía y de protagonizar alteraciones al orden interno y posteriormente comenzaron a acosarlo y le anunciaron que le aplicarían una sanción.

Ahora, a la que está acosando la Policía es a su familia, la que tuvo que acudir a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) a interponer la denuncia, pues su vivienda es vigilada por agentes policiales. Ana Estrada Carrillo, esposa del excapitán Aguilar, dijo que este trabajaba como arquitecto en la División de Administración General de la Policía Nacional, donde manejaba los proyectos de infraestructura, hasta que la institución le impuso la baja deshonrosa.

Por la baja deshonrosa, Aguilar interpuso un recurso de Amparo Administrativo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente, en un escrito, el subdirector general de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, argumentó que la decisión se tomó porque Aguilar “protagonizaba alteraciones al orden interno de la unidad policial y su comunidad, con expresiones hostiles contra la institución policial y los mandos, afectando la ética, imagen y prestigio de la institución”.

Los señalamientos fueron negados por la esposa del excapitán. Su esposa aseguró que le decomisaron el celular y le revisaron sus cuentas de redes sociales porque supuestamente se expresaba mal de la institución y no compartía la ideología del Gobierno.

“Lo corren basándose en lo que le encontraron en el teléfono, pero hasta el momento no han mostrado ningún elemento de prueba sustentable”, alegó Estrada.

Indicó que Aguilar trabajaba como encargado de proyectos de infraestructura, entre los que están el nuevo complejo de Auxilio Judicial, en las cercanías del Parque de Ferias, donde llegaron a buscarlo para notificarle la aplicación de su sanción hace dos meses.

Agregó que por temor a represalias y su seguridad el excapitán tuvo que irse del país. “A partir que lo despiden comenzó a llegar una camioneta roja a vigilar la casa en la colonia 10 de Junio, pero ya no vivo ahí. Sin embargo, la noche del martes por casualidad, mis hijas y yo nos quedamos a dormir allí porque este miércoles había audiencia en los juzgados sobre su caso. Pero nuestra sorpresa fue que desde las 6:00 a.m. llegaron dos camionetas sin placa, con policías encapuchados y armados.

Estuvieron vigilando la cuadra, hasta que decidieron entrar a la casa de la vecina, donde saquearon”, relató. Añadió que cree que los policías se confundieron de casa, porque los vecinos no se meten con nadie ni participan en manifestaciones. Mientras los policías estaban en la casa vecina, ella se encerró con sus hijas en una habitación del fondo de la casa.

“Nos sentimos amenazados y si a mi casa, a mis hijos o a mí nos sucede algo, señalamos al Gobierno y a la Policía Nacional como los responsables”, afirmó Estrada.

José López, de la CPDH, señaló que se violentaron varios derechos en el caso de Aguilar e incluso el escrito del día lo prueba, ya que admiten la ocupación del teléfono celular, la extracción de información de archivo de audio y conversaciones en Messenger y cuentas de Facebook, acciones realizadas por la Policía sin la debida orden judicial, por lo cual se violaron preceptos constitucionales.