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Francisco Javier Díaz Madriz, comisionado general de la Policía Nacional y subdirector de esta institución; José Francisco López Centeno, tesorero del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa); y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, son los tres sancionados que ingresaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

Ley Global Magnitsky les impone sanciones financieras y restricciones de visa para ingresar a territorio estadounidense. En consecuencia, todos los bienes o toda participación en bienes que tuvieran Díaz, López y Moreno dentro de la jurisdicción de Estados Unidos “quedan bloqueados”, explicó en una nota de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

“Además, a los estadounidenses se les prohíbe, en general, realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas”, agrega el comunicado oficial, en el que se describen las mismas sanciones que en diciembre pasado recibió Roberto Rivas Reyes, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, quien fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por actos de corrupción.

Pence adivierte

Estas nuevas sanciones ocurren al cumplirse el día 79 de una crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, en la cual han muerto más de 300 personas como consecuencia de acciones represivas cometidas por las autoridades policiales y grupos de parapoliciales, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tuiteó este jueves que su país “está del lado del pueblo de Nicaragua y continuará haciendo rendir cuentas a los responsables de la violencia y la corrupción patrocinada por el Gobierno (de Nicaragua)”, una cita que replicó en sus redes sociales la embajadora estadounidense en Managua, Laura F. Dogu.

En Washington, la subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia financiera, Sigal Mandelker, dijo que “la violencia perpetrada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente, es profundamente inquietante y completamente inaceptable”.

Por ejecuciones

El Departamento del Tesoro estadounidense reveló que a Francisco Díaz y a Fidel Moreno las sanciones les fueron aplicadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, por “ser los responsables o los líderes de entidades involucradas en serios abusos de derechos humanos en Nicaragua”.

Lea: ¿Qué es la Ley Global Magnitsky, aplicada a Roberto Rivas?

Sobre Díaz, específicamente, señalan que es conocido como el jefe de facto de la Policía Nacional y que dirige el día a día de los asuntos de la institución. “Bajo la dirección de Díaz, la Policía Nacional de Nicaragua se ha involucrado en serios abusos de derechos humanos contra la población de Nicaragua, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”, justifica el Departamento del Tesoro.

Además, indican que la Policía nicaragüense “se ha acercado a los líderes de las pandillas en Nicaragua para que los ayuden a atacar a los manifestantes antigubernamentales” y que esta institución ha sido acusada de “disparar indiscriminadamente y matar a manifestantes pacíficos”.

Por dirigir turbas

A Fidel Moreno, el gobierno estadounidense lo considera “el principal vínculo entre los gobiernos municipales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”.

Sostienen que Moreno ha actuado como líder de la Juventud Sandinista, la cual “ha estado implicada en una serie de numerosos abusos a los derechos humanos relacionados con las protestas actuales contra el Gobierno de Nicaragua”, dentro de los cuales mencionan la paliza a manifestantes en Camino de Oriente en abril de este año, y en el ataque que mató a una familia de seis personas en el barrio Carlos Marx. También lo implican en la formación de grupos de motociclistas que han atacado violentamente protestas pacíficas.

Además, afirman que Moreno “ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN”.

Por corrupción

Francisco López fue sancionado por involucrarse en actos de corrupción. “López ha tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el Gobierno en forma de impuestos y multas a las que él podía acceder, incluso para el uso personal de líderes nicaragüenses”, señala el Departamento de Estado.

Según las autoridades estadounidenses, cuando López participaba en proyectos de infraestructura, este habría “desviado fondos mediante la negociación de tarifas personales”, además “ha colocado a numerosos individuos en puestos gubernamentales que lo han ayudado a malversar millones de dólares anualmente” y ha usado compañías de su propiedad para ganar contratos con el Gobierno.

Francisco López, tesorero del FSLN y vicepresidente de Albanisa. Archivo\END

Senadores abogaron 

En junio pasado, un grupo de 12 senadores y congresistas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que aplicara la Ley Global Magnitsky a todos los funcionarios nicaragüenses involucrados en asesinatos extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

En esa misiva, incluían a Francisco López y Francisco Díaz como los funcionarios propuestos para imputar las sanciones.

Posteriormente, un grupo de senadores introdujo una propuesta de resolución al Senado, en la que se condenaba al Gobierno de Nicaragua por reprimir las protestas y se pedía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicar la Ley Magnitsky a los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

Harán rendir cuentas

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos es una norma aprobada en 2016 por el Congreso de los Estados Unidos, mediante la cual el gobierno norteamericano puede imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen.

Fidel  Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua. Archivo\END

Tras el anuncio de los nuevos sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, Heather Nauert destacó que “Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo”.

Desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, el gobierno estadounidense ha llamado al presidente Ortega a detener la represión y trabajar en la democratización del país, una de las demandas prioritarias de los manifestantes.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence había señalado en varias ocasiones al gobierno nicaragüense de ser el responsable de una “espiral de violencia” y de reprimir las manifestaciones de miles de personas que han pedido cambios democráticos.

El 7 de junio pasado, el gobierno estadounidense restringió el acceso a su país a varios responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, aunque los nombres de dichas personas no fueron revelados.

Ley Magnitsky puede afectar a personas ligadas a sancionados

Tras la orden ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos que sancionó este jueves con la Ley Global Magnitsky a los funcionarios nicaragüenses José Francisco López Centeno, Francisco Díaz Madriz y Fidel Moreno Briones, la vocera en español del Departamento de Estado explicó a El Nuevo Diario que las afectaciones podrían incluir “a fideicomisarios, hijos, cónyuges, no cónyuges, entidades y apoderados legales”, entre otras personas.

“Deseamos resaltar que las personas dentro del país que brinden apoyo material a estas y otras personas y entidades designadas también podrían ser designadas” bajo la Ley Global Magnitsky, porque “las sanciones son complicadas”, advirtió la funcionaria de prensa que pidió la identificáramos solo por el cargo.

“De ser necesario, alentamos a todos los ciudadanos y empresas de los Estados Unidos a contactar a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para obtener mayor orientación y asegurar el cumplimiento”, respondió la vocera a El Nuevo Diario.

Consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno de EE. UU. revise la cooperación con el Gobierno de Nicaragua, como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, indicó que “siempre que las evidencias lo permitan, nuestra esperanza es aprovechar el alcance global de este instrumento legal para imponer sanciones financieras y prohibiciones de visado de forma continua”.

Sugiere cautela

Sobre los efectos que espera Washington al aplicar estas sanciones a funcionarios cercanos al presidente Daniel Ortega, la vocera dijo que “el Gobierno de los Estados Unidos continúa alentando al Gobierno de Nicaragua a que implemente los acuerdos contraídos, incluyendo el alto a la violencia instigada por el Gobierno en contra de manifestantes pacíficos, y que tome pasos reales para frenar la corrupción”.

Afirmó que “el presidente Ortega y el FSLN (partido Frente Sandinista) han utilizado fondos de Albanisa (dinero de Venezuela) para la compra de estaciones de televisión y cable, hoteles”.

“López es el vicepresidente de Albanisa, la compañía que importa y monetiza los productos petroleros de Venezuela; presidente de Petronic, la compañía petrolera estatal nicaragüense; y tesorero del partido de gobierno FSLN. López ha sido acusado de usar su posición para su beneficio y el de su familia, utilizando compañías de su propiedad para obtener contratos del Gobierno. Albanisa pertenece en un 49% a Petronic y en un 51% a PDVSA, la compañía de petróleos nacional de Venezuela”, explicó la funcionaria estadounidense.

Le consultamos si estas sanciones afectan las relaciones entre los G obiernos de EE.UU. y Nicaragua, y enfatizó: “Para ser claros, el hecho que un funcionario del Gobierno de Nicaragua sea designado (sancionado) no significa que el Gobierno de Nicaragua también haya sido designado”.

¿Qué nuevas precauciones deben tener a partir de hoy en Nicaragua las empresas de capital estadounidense que operan en este país, debido a estas sanciones?

“Las prohibiciones únicamente aplican a las transacciones o tratos con el señor Moreno, señor Díaz y el señor López. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses deben ejercer cautela y asegurarse de no realizar transacciones o negocios, directa o indirectamente, con una persona sancionada”, aclaró la vocera.

Añadió que también “deben considerar el riesgo a la reputación que implican los negocios con estas personas”, indicando que “en términos generales, las decisiones sobre las sanciones se toman con base en la información proveniente de autoridades del orden público, de inteligencia clasificada e información pública”.

El alcance de la ley

La Ley Global Magnitsky es un instrumento legal del Gobierno de Estados Unidos, con el objetivo es perseguir a los abusadores de derechos humanos y actores corruptos globales.

“Es prudente que las instituciones financieras investiguen a los beneficiarios de las cuentas al momento de abrirlas, al actualizar la información de la cuenta, al realizar el chequeo periódico y, definitivamente, al desembolsar los fondos”, sugirió la vocera en español del Departamento de Estado.

“Toda persona (natural o jurídica) estadounidenses deben cumplir con los reglamentos OFAC, incluyendo todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros permanentes, independientemente de dónde se encuentren; todas las personas y entidades que se encuentran dentro de los Estados Unidos y todas las entidades constituidas en los Estados Unidos y sus sucursales fuera de los Estados Unidos”, explicó.

El gobierno estadounidense aplicó la Ley Global Magnitsky a José Francisco “Chico” López Centeno, “por su participación en actos de corrupción”; y a Francisco Díaz Madriz y Fidel Moreno Briones “por estar involucrados en, o por ser los líderes de una entidad involucrada en, abusos serios contra los derechos humanos de manifestantes durante la crisis política que aún continúa” en Nicaragua.