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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó, ayer, el otorgamiento de nuevas medidas cautelares a favor de personas que se encuentran en riesgo grave, producto de la peligrosa crisis sociopolítica que vive el país.

De acuerdo con un comunicado publicado por la CIDH, en su sitio web, entre los nicaragüenses a los que ha otorgados medidas cautelares se encuentran líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de víctimas, sobrevivientes de la violencia y sacerdotes.

“Desde la visita de trabajo a Nicaragua realizada del 17 al 21 de mayo, la CIDH ha adoptado nueve resoluciones, solicitando medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de 64 personas, en varios asuntos, incluyendo sus núcleos familiares”, señala el comunicado oficial.

Promotores de derechos humanos

Entre los más recientes beneficiados se encuentran miembros del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entre los que destacan Karla Sequeira, Pablo Cuevas, Denis Darce, Julio Montenegro y Marcos Carmona, este último funge como director ejecutivo de esta organización.

Denis Darce, director de proyectos de la CPDH, señaló que a raíz del estallido social contra el gobierno de Daniel Ortega en abril pasado, se han multiplicado las amenazas, asedios e inclusive arrestos y enjuiciamiento a promotores y miembros de este organismo.

Darce señaló que las medidas cautelares son un respaldo por parte del CIDH, pero por sobre todas  las cosas, “implica también un llamado al Estado para desarrollar acciones de protección a favor de nosotros, en este sentido el mecanismo formal sería que el Estado se siente con las personas que estamos cobijados por estas medidas y juntos acordemos cuál será el mecanismo para hacerlas cumplir”, dijo.

En el comunicado la CIDH, agrega que solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. 

“A tales efectos, el Estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, así como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros”, señala el documento.

Otros beneficiados

El 1 de junio del año en curso, la CIDH oficializó una medida cautelar a favor del sacerdote Silvio José Báez Ortega y su familia. Báez, arzobispo auxiliar de Managua, es uno de los mediadores del diálogo nacional y había sido amenazado de muerte a través de las redes sociales.

Asimismo, el 10 de junio, la CIDH adoptó medidas cautelares a favor del también sacerdote José Alberto Idiáquez Guevara, rector de la Universidad Centroamericana por encontrarse en una situación de riesgo como consecuencia de su labor como rector y su participación activa en la mesa de diálogo nacional.

Dos días después, el 12 de junio, se anunció el otorgamiento de medidas cautelares a beneficio de Migueliuth Sandoval Cruz, viuda del periodista Ángel Eduardo Gahona, y sus familiares. Gahona falleció mientras daba cobertura a una manifestación en la ciudad caribeña de Bluefields.

El 17 de junio fue solicitada la protección para los universitarios Ricardo Adán Velásquez Robleto, Alex Iván Aguirre Mairena, Jasson Osnar Hernández y Edwin Antonio Jiménez Balladares. 

Previamente el 25 de mayo, el organismo defensor de los derechos humanos había otorgado medidas cautelares a otros 13 estudiantes universitarios involucrados en las manifestaciones en contra del gobierno presidido por Ortega.

La CIDH también otorgó medidas cautelares a cuatro menores de edad y sus familiares, y a otros 10 familiares de heridos o víctimas de la represión. Uno de los menores beneficiados, es el único testigo de un crimen perpetrado contra un par de personas que retornaban de visitar a un familiar que estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica de Nicaragua.

De igual manera fueron beneficiados el sacerdote católico de Masaya, Edwin Heriberto Román, y el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva.