•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Web

El vicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN, Francisco López, renunció a sus cargos de presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), menos de una semana después de ser sancionado con la Ley Magnitsky.

La renuncia de López a Petronic y Eniminas ha sido publicada en La Gaceta este martes.

“Se acepta la renuncia del ingeniero José Francisco López, al cargo de Presidente de la Junta directiva de la Empresa Nicaragüense (Petronic), nombrado mediante acuerdo presidencial No. 01-2017 de fecha once de enero del año 2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 10 del 16 de enero del mismo año”, informa el diario oficial del Gobierno.

Según los acuerdos presidenciales publicados en La Gaceta, el mayor general retirado, Ramón Humberto Calderón, asumirá la presidencia de Petronic y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

En la misma edición de la Gaceta se anuncia que se procederá al retiro por jubilación de la Ministra de la Familia, Marcia Ramírez.

Lea también: Consejo de la OEA analiza mañana la crisis de Nicaragua

La semana pasada Estados Unidos informó que aplicó la Ley Magnitsky a López; Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional; y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, por estar vinculados con violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción.

El gobierno de Nicaragua no se ha referido al tema, hasta hoy que publicó sobre la renuncia de López a Petronic.

La sanción de Estados Unidos con la Ley Magnitsky implica congelar bienes, cualquier activo y cancelar trámites migratorios a las personas afectadas.

Esta medida la tomó el gobierno de Estados Unidos por los actos de represión cometidos por los funcionarios del gobierno de Nicaragua en contra de los protestantes.

La renuncia de Francisco López se da más de dos meses después de que estallaron las protestas en contra del Gobierno de Daniel Ortega.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.