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Estados Unidos ha revocado la visa a 21 funcionarios de Nicaragua por cometer violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, reveló hoy el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kenneth Merten, durante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Hemos revocado 21 visados a funcionarios gubernamentales o a funcionarios que han sido responsables de este tipo de cosas”, dijo Merten, refiriéndose a violaciones de derechos humanos y corrupción en el contexto de la crisis en Nicaragua.

Añadió que “hay una posibilidad” de que la administración del presidente Donald Trump continúe utilizando ese tipo de sanciones.

 

El 28 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que había revocado la visa de ingreso a su país a funcionarios nicaragüenses, pero en esa ocasión no revelaron nombres ni la cantidad de sancionados.

Hoy se ha dicho que son 21 personas a quienes han revocado la visa, pero sin revelar sus nombres.

Las declaraciones de Merten se dieron durante una audiencia entre congresistas y representantes del gobierno estadounidense para discutir los esfuerzos de la administración de Trump para promover sus intereses en el hemisferio occidental.

Merten respondió a una intervención del congresista Albio Sires, quien argumentó que el gobierno estadounidense “necesita hacer una especie de presión sobre estos países (Nicaragua, Venezuela y Cuba), para hacerlos darse cuenta que no pueden pasar sobre la gente”.

 

Sires además recalcó que él fue uno de los impulsores del proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act, que busca impedir préstamos de instituciones financieras al gobierno de Nicaragua, a menos que este realice mejoras democráticas.

Intervenciones

Durante la audiencia, también abordaron la situación de Nicaragua otros congresistas, incluyendo el presidente del Comité de  Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, y los congresistas Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen.

“Debemos hacer más para apoyar al pueblo de Nicaragua. El régimen represivo de Ortega ha matado a más de 200 defensores de elecciones libres y  justas desde abril”, dijo Royce en su discurso de apertura.

Durante la audiencia, la Administradora Auxiliar Adjunta de la Oficina de América Latina y el Caribe de Usaid, Sarah-Anne Lynch, también mencionó que esta agencia está dando asistencia rápida a grupos de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, medios independientes y otros que se han estado involucrados en protestas pacíficas. “Seguimos siendo flexibles para responder a las necesidades a medida que surgen”, destacó.

Este anuncio de Estados Unidos, de que ha retirado la visa a 21 funcionarios de Nicaragua desde que comenzó la crisis, se suma a la aplicación de la Ley Magnitsky a cuatro altos funcionarios: Roberto Rivas (entonces presidente del Poder Electoral), Francisco López (ahora expresidente de Petronic), Francisco Díaz (subdirector de la Policía Nacional) y Fidel Moreno (secretario general de la Alcaldía de Managua).

 

En el caso de Rivas, dejó su cargo como presidente del Poder Electoral, y López renunció a su cargo en Petronic, tras ser sancionados con la Ley Magnitsky.

Estados Unidos ha acusado al gobierno de Nicaragua de reprimir a los protestantes y ha dicho que monitera la crisis y aplicará las sanciones que sean necesarias.