•   Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

Unos son sacados de sus hogares por sujetos armados que operan con total impunidad, a otros los levantan en la calle estos mismos grupos o la policía, y de algunos no se tiene pistas de las circunstancias en que desaparecieron.

Así comienza el calvario de centenares de personas que están en busca de familiares sin que haya una instancia oficial que pueda darles una respuesta o en la que puedan confiar, dice el abogado Braulio Abarca del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en su base de datos  tiene 24 casos de desapariciones.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reporta 119 desaparecidos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), contabiliza 261 casos desde abril, cuando iniciaron las protestas.

Pablo Cuevas, de la CPDH, sostiene que las personas con algún familiar desaparecido no recurre a las autoridades “porque les ha perdido confianza”.

“Los primeros pasos de los familiares son contactos de familiares y personas conocidas, luego los hospitales y delegaciones policiales, después la dirección de Auxilio Judicial. En última instancia el Instituto de Medicina Legal. De todos los casos que llevamos sólo un 5 por ciento son denunciados a la Policía”, explicó Cuevas.

Abarca dijo que el 30 por ciento de los casos de desapariciones a las que han dado seguimiento los denunciaron ante  la Policía Nacional, pero la institución no hace esfuerzos.

“En la actualidad, en las delegaciones cuando llevás  (una denuncia por desaparición) alegan que no están para ver esos casos, que se interpongan en Auxilio Judicial, aunque por mandato institucional están obligados a recibirla”, cuestiona Abarca.

El abogado del Cenidh apunta que en el contexto de la crisis sociopolítica del país, se califica como desaparición  cuando los familiares desconocen el paradero de una persona. Si un civil retiene a otro se trata de un secuestro, y el término de detención ilegal es empleado cuando la autoridad retiene a alguien violando las normas del debido proceso.

Abarca cuestiona que actualmente muchas desapariciones son secuestros realizados por los civiles armados pro- gobierno, pero resulta que aparecen en las cárceles policiales.

“También ocurre que testigos observan que miembros de la policía hacen capturas, pero luego en las delegaciones desconocen tenerlos bajo custodia”, mencionó.