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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, urgió respuestas del gobierno nicaragüense a la propuesta de elecciones anticipadas que este organismo ha planteado en diversas ocasiones, subrayando que para la OEA es esencial “trasladar el conflicto de las armas a las urnas”.

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Según Almagro, adelantar las elecciones en Nicaragua es “el mejor instrumento para resolver la polarización y la violencia que sufre el país”, una violencia que le atribuyó al Estado y que calificó como “desproporcionada” e “inadmisible” ante el Consejo Permanente de la OEA, que sesionó este miércoles para dar seguimiento a la crisis que vive Nicaragua desde el mes de abril.

“Necesitamos respuestas urgentes; sin respuestas urgentes no habrá soluciones democráticas en materia de derechos humanos”, expresó Almagro, quien destacó que la OEA se compromete a mantener su trabajo con el Gobierno para la realización de “un proceso electoral limpio y transparente”.

La vía del progreso

El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que su país “continúa creyendo firmemente que las elecciones adelantadas constituyen la manera más constructiva de progresar… No hay otra manera de progresar”.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, replicó a las intervenciones que solicitaban el adelanto de elecciones argumentando que “cambiar gobiernos ipso facto, de la noche a la mañana, hoy mismo o mañana”, significa una ruptura del orden constitucional del país.

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“No se puede resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos o quebremos la Constitución para resolver una situación”, dijo Moncada, refiriéndose a que en la Constitución de Nicaragua se establecen elecciones presidenciales cada 5 años.

Moncada solicitó el apoyo de los países miembros de la OEA, aduciendo que el Gobierno de Nicaragua “está siendo víctima de pequeños grupos políticos combinados con fuerzas de delincuencia organizada internacional y con financiamientos externos para romper y terminar con un Gobierno legalmente constituido”.

Sin embargo, únicamente la representante de Venezuela dio su pleno respaldo a Nicaragua acusando a un “grupo de países”, sin señalar a ninguno en particular, de “proteger a los verdaderos terroristas” y crear “falsas e ilegales expectativas de un pronto cambio de gobierno si los terroristas prevalecen”.

Condena contundente

La audiencia del Consejo Permanente de la OEA dio inicio con una actualización del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su trabajo en Nicaragua en las últimas semanas, que contempló la instalación del Mecanismo de Seguimiento (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, afirmó que su organización “observó con preocupación una profundización y diversificación en las formas de represión contra la población  manifestante”, que ha dejado 264 muertes, al menos, 52 ocurridas durante las dos semanas que el Meseni lleva en el país.

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El informe de la CIDH contó con el respaldo de los representantes permanentes ante la OEA de México, Colombia, Perú, Costa Rica, Canadá, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador y Uruguay, quienes llamaron al Gobierno de Nicaragua a cesar de forma inmediata los actos de represión contra la población manifestante, a poner fin a las detenciones extrajudiciales y a iniciar investigaciones para castigar a los culpables de las muertes ocurridas desde abril.

Asimismo, respaldaron el proceso de diálogo como el mejor mecanismo para llegar a una solución pacífica de la crisis.

Urgen reformas

Trujillo, el diplomático estadounidense, condenó la violencia y la intimidación contra Nicaragua y afirmó que sus condenas trascienden a las sanciones, recordando la designación de tres funcionarios nicaragüenses bajo la Ley Global Magnitsky.

“Estas sanciones recientes, además de las revocaciones de visas, demuestran que los Estados Unidos expondrán y exigirán cuentas a los responsables de la campaña de violencia e intimidación en curso del gobierno nicaragüense contra su propia gente”, detalló Trujillo, quien resaltó que “la violencia y la pérdida de vidas en Nicaragua reflejan la necesidad de reformas democráticas urgentes”.

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La representante de Costa Rica, además de condenar la violencia estatal, resaltó que en tres meses de crisis en Nicaragua su país ha observado “graves afectaciones en aspectos migratorios, sociales, económicos y humanitarios”, por lo que urgió una “pronta reacción” de la comunidad internacional.

El secretario general de la OEA también respaldó el informe de la CIDH y aceptó que “fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al Gobierno” han cobrado la vida de muchas personas y que grupos encapuchado y armados aterrorizan a la población civil en el proceso de desmontar los tranques.

“La violencia como herramienta política hace perder legitimidad inexorablemente a cualquier propósito ético político, la violencia hace retroceder la democracia”, dijo Almagro, destacando que “la violencia del Estado sobre la población civil nunca puede ser admitida”.

El canciller Denis Moncada negó la responsabilidad del Estado en la violencia desatada en el país y acusó a “la actividad delincuencial de las bandas terroristas” de ser la causante de los crímenes y asesinatos cometidos desde abril.  

Seguirán monitoreando

Varios representantes de países, entre ellos el de Colombia, Andrés González, señalaron la necesidad de que la OEA continúe monitoreando la situación que atraviesa Nicaragua.

“El Consejo Permanente (de la OEA) debe ocuparse de manera permanente de la observación, del análisis, de la constatación de lo que viene ocurriendo (en Nicaragua). La OEA no puede mantenerse en silencio o mirar al costado”, señaló González.

Al terminar la audiencia, la presidenta del Consejo Permanente de la OEA, Rita Hernández, sugirió que se tomara nota de la información presentada por la CIDH y las delegaciones, aunque no se acordó una nueva sesión de seguimiento.