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El embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, reveló hoy que impulsa una resolución sobre la crisis de Nicaragua, la cual se introducirá en los próximos días para seguir presionando al gobierno de Daniel Ortega.

“Teniendo amigos y aliados apoyándonos en la OEA, estamos impulsando una resolución que esperamos se introduzca mañana o la próxima semana. Como toda resolución, es importante que se pase y para ello necesitamos 18 votos”, señaló Trujillo, quien participó como testigo en una audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores.

Trujillo además dejó claras sus intenciones de cabildear con otros países “para indicarles lo importante que sería la presión diplomática” hacia Nicaragua, con el objetivo de lograr los votos necesarios para aprobar la resolución.

Además, el diplomático estadounidense destacó que es importante conseguir ayuda financiera para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene actualmente dos misiones en el país: el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Detalló que hasta ahora, la CIDH tiene asignados 1.4 millones de dólares para trabajar en el país, de los cuales 500 mil dólares los ha aportado Estados Unidos.

“Es importante tener tanta gente como se pueda en el terreno, supervisando, tomando nota de las violaciones de derechos humanos”, destacó Trujillo, quien lamentó que algunos países aún no hubieran aportado financieramente.

Aumentar presión

Consultado por los congresistas sobre qué otras medidas se podrían tomar para presionar al gobierno de Daniel Ortega, Trujillo respondió que la aprobación de más sanciones bajo la Ley Global Magnitsky y las revocaciones de visas individuales podrían configurar una “presión bilateral” para encontrar una solución diplomática a la crisis que atraviesa Nicaragua desde el mes de abril.

El principal funcionario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Michael Kozac, dijo en la audiencia de hoy que aquellos funcionarios del gobierno “que continúen colaborando con el régimen en el abuso de los derechos humanos del pueblo nicaragüense y en la prevención de que ejerzan sus derechos democráticos para elegir un gobierno legítimo se encontrarán a ellos mismos y sus familias en la misma situación que los que recientemente sancionados”.

Ayer, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kenneth Merten reveló que a 21 funcionarios nicaragüenses se les han revocado visas de ingreso a territorio estadounidense. A otros cuatro se les ha sancionado bajo la Ley Global Magnitsky.