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Por órdenes expresas del presidente Daniel Ortega, la investigadora social y defensora de los derechos de los inmigrantes, Martha Cranshaw, fue despojada de su casa, ubicada en el reparto Fátima, en la ciudad de León. Según vecinos de la afectada, el día del desalojo se hicieron presente Lenín Cerna y Francisco López.

Cranshaw dijo desconocer las razones de la confiscación, pues no existe justificación para semejante acción. Refirió que el inmueble fue adquirido en 1984, durante el gobierno revolucionario, y escriturada en el 90 mediante la Ley 85.

Se llevaron muebles

“El despojarme de manera brutal de mi casa es una violación al respeto de la dignidad de la persona, porque sin mediar proceso o notificación echaron a los encargados, y se llevaron los muebles de mi vivienda”, expresó la quejosa.

La defensora de los inmigrantes catalogó este hecho como usurpación de autoridad, allanamiento de morada y hurto. Agregó que la actuación de despojo, violenta el derecho a la seguridad jurídica y personal.

¿Cuál es mensaje de Ortega?

Relató que la confiscación se llevó a cabo el día 13 de abril, cuando sin mediar palabra desalojaron a los cuidadores de inmueble y la despojaron de sus bienes en nombre del Estado. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el presidente a los beneficiarios de las Leyes 85 y 86?, inquirió Cranshaw, quien además dijo que sus familiares tardaron en avisarle lo que sucedía ya que estaban aterrorizados.

Para el defensor Boanerges Ojeda, esto no es más que venganza política por la posición crítica de su clienta. “Estamos recurriendo de Amparo contra esa orden emitida por el Presidente”, dijo el abogado. Se adelantó a decir que no esperan una resolución favorable, tomando en cuenta que los tribunales de justicia no actúan de manera imparcial y efectiva en este tipo de casos.

En tanto, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez catalogó este hecho como gravísimo, pues atenta contra una cantidad importante de personas, de todos los colores políticos y posiciones, “excluyendo a los piñateros”, quienes adquirieron mansiones bajo esa legislación y hoy son del círculo de Ortega.

Núñez le recordó a Ortega que la casa en la cual habita, y que utiliza como oficina presidencial, la adquirió bajo la misma Ley 85.

“Definitivamente, al primero que se la deberían de quitar es a Daniel Ortega, pues tiene años de vivir en la casa de Jaime Morales Carazo, y la adquirió con la misma Ley 85, pasando sobre los límites de tierra y área construida que esa ley establecía. Debemos preguntarnos si la compró en su precio después, de dónde obtuvo el dinero, o si la casa le costó la vicepresidencia”, señaló la directora del Cenidh.

Un acto de cobardía

Asimismo, señaló que las leyes 85 y 86 fue una acción de última hora de la dirigencia revolucionaria, para cubrir la legalidad la reforma urbana, que tuvo que hacerse a inicios del primer período de Ortega, en los años 80.

“Esto expone a la barbaridad, a cualquier persona que viva en una casa legalizada de conformidad con la leyes 85 y 86, cumpliendo los procedimientos que ese momento establecían dichas leyes”, expresó la directora de Cenidh.

Afirmó que la expropiación manu militari a Cranshaw es un acto de cobardía, ya que ven a la luchadora social como una adversaria política. “Ella es una persona que no confronta, que aporta soluciones, por eso para mí es un acto de cobardía de Daniel Ortega”, opinó Vilma Núñez de Escorcia.