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  • EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó hoy a la comunidad internacional que exija al Estado de Nicaragua garantizar los derechos de su población, en el marco de la crisis sociopolítica que afecta al país desde el pasado 18 de abril.

"Ante la profundización de la grave crisis de DDHH en #Nicaragua, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse y exigir al Estado respetar y garantizar derechos de su población", urgió Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, en un mensaje a través de Twitter.

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Según el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, policías y parapolicías encapuchados se coordinaron ayer en Nicaragua para reprimir "con violencia brutal a distintas localidades simultáneamente", entre ellas la comunidad indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya (sureste), y a estudiantes que se encontraban atrincherados en un recinto y luego en una parroquia.

Abrão calificó esos ataques de "inadmisibles" e instó al Estado nicaragüense a un cese al fuego. Al menos 2 personas murieron en la ciudad nicaragüense de Masaya, donde la policía usó armamento pesado contra los manifestantes, y otros dos en la parroquia de la Divina Misericordia, que linda con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en la que los alumnos se habían atrincherado desde comienzos de mayo.

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La CIDH y organismos humanitarios nicaragüenses han responsabilizado al Gobierno de Ortega de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la actual crisis, que deja ya al menos 351 muertos, según organismos humanitarios.

Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno nicaragüense.

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Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.