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  • EFE

El Ministerio francés de Exteriores y el Gobierno de Honduras condenaron hoy los ataques perpetrados en los últimos días por las fuerzas policiales y parapoliciales contra responsables religiosos y manifestantes pacíficos en Nicaragua y pidieron a las autoridades del país que cese "la represión" y la violencia.

"Tal y como lo acaba de recordar la Unión Europea, la primera responsabilidad del Gobierno es garantizar la seguridad de la población y el respeto de los derechos fundamentales", indicó un portavoz ministerial de Francia en un comunicado.

El país europeo recordó que "varios centenares de personas" han muerto en los últimos tres meses como consecuencia de la violencia e instó a reanudar el proceso de diálogo nacional con el objetivo de lograr condiciones para una salida "pacífica y negociada" a la crisis.

Por su parte, Honduras lamentó la pérdida de vidas humanas, y manifiesta que "la solución se encuentra en el diálogo de buena fe entre todas las partes y el recurso a los mecanismos que ofrece la democracia", indicó un comunicado de la Cancillería.

"El uso de la violencia por fuerzas irregulares es ilegítimo y la represión indiscriminada de las manifestaciones políticas de descontento social es condenable, y no hace sino agravar las actuales circunstancias, elevar el sufrimiento del pueblo nicaragüense y hacer más difícil una salida negociada", señaló.

Francia y Honduras hicieron un llamamiento "muy especialmente" al Gobierno de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense "a retomar cuanto antes las conversaciones en la Mesa de Diálogo Nacional por la Paz" instalada el 16 de mayo, "con la valiosa mediación" de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Con al menos 351 muertos en casi tres meses, según cifras de organismos humanitarios locales, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos.