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La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, aprobó este lunes una ley, que entre otras cosas castiga el terrorismo con hasta 20 años de prisión a quien mate o lesione a una persona que no participa en una situación de conflicto armado, ocasione daños a bienes públicos o privados o pretenda a como lo indica la ley “alterar el orden constitucional” u obligar a un Gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

La ley, que fue aprobada durante una sesión extraordinaria con 70 votos a favor de la mayoría sandinista, fue propuesta por el presidente Daniel Ortega al Legislativo el pasado 4 de abril y fue aprobada en medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua, originada por protestas contra el Gobierno, y que este describe como actos terroristas. La oposición parlamentaria argumenta que con esta norma se pretende criminalizar las protestas.

El Artículo 394 referente a terrorismo, indica que será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión a “quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Los diputados sandinistas también reformaron la ley creadora de la UAF. Nayira Valenzuela\END

Finanzas

Sobre el financiamiento al terrorismo, el Artículo 395 establece que será sancionado con una pena de entre 15 y 20 años de cárcel quien por el medio que fuere recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos, sean estos de fuentes lícitas o ilícitas, con la intención de que se utilicen a sabiendas de que serán utilizados para cometer “actos terroristas”.

La disposición ampara a “personas internacionalmente protegidas” y castigará con penas de entre 15 y 20 años de cárcel a quien cause la muerte, secuestre, o atente contra la integridad física o la libertad de un jefe de Estado, representante, funcionario o personalidad de Estado.

Además, serán sancionados quienes financien viajes de personas a un Estado distinto de sus lugares de residencia o nacionalidad “con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos”.

Asimismo, a quienes financien la radicalización o reclutamiento de personas para que realicen actos de terrorismo o integren organizaciones terroristas; así como quienes proporcionen o reciban adiestramiento con fines de terrorismo.

Según el texto de ley, la pena se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo, cuando el delito sea cometido a través del sistema financiero o por socio, director, gerente, administrador, vigilante, auditor externo o interno, representante o empleado de una entidad pública o por autoridad, funcionario o empleado público, de acuerdo con el dictamen aprobado.

La ley considera como sujetos obligados a personas naturales y jurídicas que tienen la responsabilidad de implementar obligaciones de prevención, detección y reportes de actividades “potencialmente vinculadas” al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Son sujetos obligados de ley los bancos, sociedades financieras, la bolsa de valores, sociedades de inversión, casas de empeño, casinos, contadores públicos, abogados, entre otros.

Al aprobarse la ley se manda crear una Comisión Nacional integrada por técnicos del Poder Judicial, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General, Ministerio Público, Policía, Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financiero y de la Comisión Nacional de Microfinancieras. 

Asimismo, la ley crea un Consejo Nacional de Defensa, que dentro de sus facultades  está designar listas de personas naturales o jurídicas que estén financiando actividades terroristas. 

Objetivo

Según el texto de ley enviado por el presidente Daniel Ortega, esta tiene como objetivo proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En ese sentido, se pretende establecer mecanismos basados en un enfoque de riesgo para promover y fortalecer la prevención, investigación, persecución y sanción de estos delitos.

La ley prevé “disminuir la capacidad económica y operativa de las organizaciones delictivas nacionales y transnacionales”.

Oposición reclama

El diputado opositor Jimmy Blandón alertó que esta ley busca regular, supervisar y controlar a los organismos sin fines de lucro, especialmente, religiosos, y a los movimientos que están participando en las marchas ciudadanas, en el marco de la actual crisis que atraviesa Nicaragua.

Maximino Rodríguez, diputado opositor del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aseguró que esta nueva herramienta jurídica podría ser utilizada como una espada en contra de sus opositores políticos o contra el pueblo que se opone  al Gobierno.

“La ley contra el terrorismo establece ciertas acciones, podría ser que ellos pretendan acusar algunas personas. Podrían aplicar esa norma jurídica para llevar a la cárcel a los opositores en Nicaragua, es una situación muy peligrosa”, señaló el diputado.

Rodríguez sostuvo que “en este momento aprobar esta norma es muy complicado para la situación que vivimos los nicaragüenses, cuando la protesta está siendo criminalizada”.

La nueva ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, diario oficial, esta semana, cuando se cumplen tres meses de protestas que piden un adelanto de elecciones y reformas democráticas.

Gobierno reforma Ley Unidad de Análisis Financiero

La Asamblea Nacional aprobó este lunes una reforma a la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que amplía las facultades de este órgano para investigar personas o negocios “sospechosos” de cometer lavado de dinero o financiar el terrorismo.

La propuesta de ley fue enviada por el presidente Daniel Ortega desde el pasado 4 de abril y obliga a las entidades financieras a informar sobre “operaciones sospechosas” de personas, para que la información obtenida “sea explotada con mayor provecho y refuerce la lucha contra el crimen organizado”, según el texto de ley. 

Según la ley, se define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada por cualquier persona natural o jurídica que de acuerdo con las regulaciones vigentes, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.

La UAF cuenta con la facultad de recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas o cualquier otra información a las entidades financieras, también podrá solicitar directamente a cualquier entidad pública o privada que entre las actividades que realiza con sus asociados incluya la intermediación financiera.

Además, podrá llevar a cabo análisis operativos y estratégicos sobre la información que obtenga en el ejercicio de sus funciones.

Posteriormente, tendrá que comunicar los resultados de sus análisis a las autoridades responsables de investigar delitos y de ejercer la acción penal.

Contadores deberán informar

El Poder Judicial y el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua también deben establecer órganos que centralicen la información sobre operaciones o situaciones inusuales identificadas por las entidades financieras bajo su competencia.

Estos órganos tendrán la obligación de analizar la información con el fin de darle valor agregado y generar reportes para la UAF de manera inmediata en los casos en que se determine la existencia de sospechas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Los diputados sandinistas explicaron que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio hasta el 24 de julio para que Nicaragua tenga una nueva ley del órgano de actuación de supervisión y prevención del lavado de dinero. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, diario oficial.