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Tres meses después de iniciadas las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis que ha causado la muerte de, al menos, 368 personas y ha estancado el diálogo nacional.

Los días más sangrientos en este período han sido el 20 de abril, con 22 muertos; el 30 de mayo con 20 víctimas mortales durante los ataques a las marchas de las madres en distintos puntos del país; y el 8 de julio, cuando hubo 20 muertos durante el desmantelamiento de tranques y barricadas en las ciudades de Jinotepe y Diriamba.

En los ataques a los protestantes, además de la Policía Nacional, han habido civiles armados encapuchados (parapoliciales) que han utilizado armas de alto calibre y que, según las distintas organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, han detenido, torturado y matado a protestantes civiles. 

En las últimas semanas, parapoliciales y turbas afines al Gobierno han realizado agresiones contra la Iglesia Católica, que ha sido mediadora y testigo en el diálogo nacional.

El domingo pasado fue atacado el vehículo donde viajaba monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de Estelí, y al día siguiente en Sébaco fue destruida una bodega de la organización católica Caritas.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha denunciado que grupos de choque del Gobierno han apedreado e invadido iglesias y amenazado con armas a sacerdotes y feligreses.

El 9 de julio en Diriamba, Carazo, el cardenal Leopoldo Brenes, monseñor Silvio Báez y el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag fueron agredidos verbal y físicamente por simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), un acto que fue condenado por la comunidad nacional e internacional.

Los armados pro-Gobierno también sitiaron la iglesia Divina Misericordia, en Managua, la noche del viernes 13 de julio, disparando contra el templo donde se hallaban refugiados decenas de jóvenes protestantes que habían sido desalojados de las trincheras de las Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua). 

“Una de las cosas más sorprendentes de los tres últimos meses que hemos vivido es la manera en que el Gobierno le ha declarado guerra a la Iglesia Católica, no solo en la persona de sus obispos y sacerdotes, sino que en la del nuncio apostólico, que es no solo un embajador, sino el decano del cuerpo diplomático en Nicaragua”, comentó el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.

Todas estas acciones “fueron claramente premeditadas por el Gobierno y responden a una estrategia en donde la Iglesia es vista como un enemigo y, como tal, hay que intimidarla”, agregó.

“Con su actuar pastoral y valiente durante estos tres meses, la Iglesia se ha ganado la admiración, respeto y cariño del pueblo, tanto católico, como protestante y no creyente. También es considerada por la comunidad internacional como un actor creíble y de peso y la conducta del Gobierno para con ella debilitará aún más su ya mala imagen”, dijo Aguirre Sacasa, quien también fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos.

El diálogo

El 16 de mayo pasado inició el diálogo nacional con representantes del Gobierno y sectores opositores reunidos en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que buscan acuerdos para conseguir justicia para las víctimas de las protestas y la democratización del país.

En estos dos meses de diálogo se consiguió la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ambos organismos ejecutan acciones separadas y conjuntas para investigar las muertes violentas ocurridas desde el 18 de abril, con la esperanza de que los responsables sean sancionados.

En el diálogo se logró crear tres comisiones: una de Verificación y Seguridad, que busca acuerdos para alcanzar la paz en el país; una Comisión Judicial, para coordinar los esfuerzos internos de investigación; y una Comisión Electoral para abordar la agenda de democratización que incluye el adelanto de elecciones a marzo de 2019.

Pero ningún avance ha habido en la agenda democrática en el diálogo y la Conferencia Episcopal ha pedido varias veces al Gobierno que muestre señales claras de voluntad política.

En un mensaje pastoral del 14 de julio, los obispos criticaron “la falta de voluntad política del Gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que encaminen al país hacia una verdadera democracia”, señalando el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, en especial lo relacionado al “desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales”.

El diálogo nacional está paralizado desde el 9 de julio, cuando los obispos fueron agredidos en Diriamba.

Siembran terror

“En el país hay una profunda crisis de violaciones de derechos humanos, debido a la represión”, afirma Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Con el ataque de este martes a Masaya, esta organización estima que hay, al menos, 368 personas muertas, un promedio de cuatro por día; más de 2,000 heridos y 261 desaparecidos. Entre las víctimas, desde el 18 de abril, hay 21 policías, quienes murieron mientras participaban en operativos contra manifestantes.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registra, al menos, 286 muertes confirmadas, sin incluir las últimas ocurridas en San Pedro de Lóvago y Masaya. Además, tiene siete casos por confirmar.

“Las últimas dos semanas han sido particularmente violentas donde los grupos parapoliciales están utilizando armas de alto calibre contra la población civil”, comentó el director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) registra, al menos, 281 muertos, “pero tenemos otra cantidad que no hemos identificado, por lo que la cantidad podría ser mayor”, dijo su presidenta Vilma Núñez.

“Es impresionante que a medida que pasa el tiempo la violencia en vez de disminuir, ha empeorado. Solo entre el 1 y 14 de julio; es decir, en dos semanas, han habido 74 muertos”, declaró a El Nuevo Diario.

La denominada “operación limpieza” ha resultado en la mayor violencia. Decenas de camionetas con antimotines y civiles armados encapuchados irru

Luego, los enmascarados se encargan de buscar casa por casa, con listas de nombres en mano, a jóvenes que han participado en manifestaciones o en las barricadas y tranques, indican las denuncias presentadas ante defensores de derechos humanos.