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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza este miércoles otra sesión extraordinaria para “continuar considerando la situación en la República de Nicaragua”, en la que sería discutida una resolución presentada el viernes por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos  Perú.

Con esta resolución se exhortaría al gobierno nicaragüense a implementar las recomendaciones de la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA, incluyendo el adelanto de elecciones.

Esta sería la cuarta sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que se discute la crisis actual de Nicaragua. En las sesiones anteriores, el gobierno de Daniel Ortega ha tenido el respaldo de Venezuela y Bolivia, y ha sido condenado por Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Costa Rica, Canadá, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador y Uruguay.

El 5 de junio, durante Asamblea General de la OEA, los países miembros de este organismo abordaron por primera vez la situación de Nicaragua. En esa ocasión se aprobó una “Declaración al Pueblo de Nicaragua”, que condenaba y exigía el “cese inmediato” de los actos de violencia, aunque no mencionaba responsables de ocasionar estos actos.

El 22 de junio, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión en la que se presentó el informe final de la visita a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luis Almagro, el secretario general de la OEA, aceptó el informe que señala graves violaciones a los derechos humanos por el gobierno nicaragüense y propuso que se celebren elecciones generales, municipales y parlamentarias en un plazo máximo de 14 meses.

Fue la primera vez que Almagro exigió al gobierno nicaragüense “el cese inmediato de las violaciones de los derechos humanos y el cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la CIDH”.

El 11 de julio, el Consejo Permanente de la OEA realizó una sesión extraordinaria para escuchar un nuevo informe de la CIDH, ahora relacionado con el trabajo del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Las crisis sociopolítica en Nicaragua estalló hace tres meses. Bismarck Picado\END

Tras la presentación, Almagro urgió respuestas del gobierno nicaragüense a la propuesta de elecciones anticipadas, subrayando que para la OEA es esencial “trasladar el conflicto de las armas a las urnas”.

La última sesión que realizó el Consejo Permanente de la OEA fue el 13 de julio, cuando encontró más eco la propuesta de realizar elecciones adelantadas en Nicaragua, como la salida a la crisis sociopolítica iniciada el 18 de abril con protestas ciudadanas contra el Gobierno.

ONU denuncia

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que la  nueva Ley antilavado, aprobada esta semana por el Parlamento de Nicaragua pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica.

“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de “terrorismo”.

El portavoz se refirió al caso de Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos el pasado viernes en el aeropuerto de Managua y acusados por delitos graves, como terrorismo y crimen organizado.

“Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas”, dijo Colville.

Colville, además, criticó la actuación de grupos armados progubernamentales que actúan impunemente “con el apoyo activo o tácito” de la Policía Nacional.

La Oficina del Alto Comisionado tiene personal sobre el terreno que ha registrado “una amplia gama de violaciones cometidas, lo que incluye asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias”.

“Ha habido incitación al odio y campañas de descalificación incluyendo a defensores de los derechos humanos. Y todo ello en un contexto en el que no se aplica el debido proceso”, subrayó.

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en tono de protesta, calificando las declaraciones de “parcializadas”.

“Rechazamos enérgicamente esta burda manipulación por parte del Alto Comisionado, del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los convenios y tratados internacionales, para evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, expresa la nota oficial publicada la noche de este martes.

En el texto, la Cancillería nicaragüense acusa a la Oficina del Alto Comisionado de ser “cómplice de las acciones de grupos terroristas”, que según el Gobierno de Nicaragua, son los responsables de los asesinatos y de la ola de violencia que se ha desatado en el país en los últimos meses con el fin “de derrocar un Gobierno constitucional”. 

EE. UU. critica

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó este martes al gobierno de Daniel Ortega por el uso excesivo de la fuerza contra los protestantes, señalando que en tres meses de crisis Nicaragua suma más muertes que Venezuela.
La ola de violencia en Nicaragua, que inició el 18 abril último, ha cobrado la vida de entre 270 y 350 manifestantes, según organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales. Durante todo el año pasado, 160 personas relacionadas con protestas murieron en Venezuela, indica el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social.

Estados Unidos ha sido uno de los países más activos en condenar la violencia registrada en los últimos tres meses en Nicaragua, y en presionar ante la comunidad internacional para que se ponga la vista en lo que pasa en este país.

Altos funcionarios estadounidenses, como el vicepresidente Mike Pence, han condenado la violencia estatal y han solicitado que se castigue a los culpables de las violaciones a los derechos humanos.

En la OEA, el embajador Carlos Trujillo impulsó la Declaración al Pueblo de Nicaragua, aprobada el pasado 5 de junio, y la semana pasada también promovió, con otros seis países, una resolución que pueda tener más alcance y ejercer mayor presión para terminar con la violencia y fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua.

Unión Europea insiste en una salida pacífica

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, informó este martes que le escribió al canciller Denis Moncada para expresarle que la UE “espera un fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y que se respeten las libertades fundamentales”.

Mogherini pidió que “los grupos armados irregulares sean desmantelados” y confirmó la disposición de la UE para “acompañar y apoyar el proceso de diálogo”, en particular a la comisión sobre democratización y asuntos electorales. Todo ello de cara a “las reformas necesarias y un proceso electoral completamente democrático y oportuno”.

La política italiana recordó que, entre tanto, para responder a las necesidades humanitarias inmediatas en Nicaragua, la UE ha proporcionado unos 300,000 euros para apoyar el acceso a cuidados sanitarios y transporte de los heridos por la violencia.

Por su parte, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, llamó al Gobierno de Nicaragua a cesar la represión. “Esto es un mensaje nuevo, adicional, muy serio que dirige gran parte de los países latinoamericanos al régimen de Ortega para que detenga a la brevedad la represión en contra de su pueblo”, declaró.

El jefe de la diplomacia chilena recordó que fue el presidente, Sebastián Piñera, quien le entregó las instrucciones de activar en este sentido una declaración de varios países latinoamericanos “porque la situación en Nicaragua es dramática”.