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Familias enteras están abandonando sus casas en diferentes regiones del país por el temor a sufrir ataques de parte de los aparatos represivos del Gobierno, según un número creciente de denuncias recibidas en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Ayer, la CPDH recibió dos nuevos casos de una familia de Boaco y otra del municipio de Río Blanco que han tenido que huir de sus hogares. En tanto, Braulio Abarca, abogado del Cenidh, aseguró que tienen el registro de 12 familias que han tenido que abandonar sus casas. 

“Tenemos registro de 12 casos de familias completas que han tenido que huir de sus casas a hoteles, hogares de seguridad, e incluso fuera del país”, afirmó Abarca.

El abogado explicó que a este problema en derechos humanos se le conoce como “desplazamientos forzados de personas” y que se dan por temor a represalias o represión política.

Agregó que este desplazamiento es realizado principalmente por policías y parapolicías, además por los grupos políticos afines al Gobierno que operan en las comunidades.

El representante del Cenidh aseguró que uno de los casos más emblemáticos son los Velázquez López, que tuvieron que huir de sus casas luego de la tragedia ocurrida en el barrio Carlos Marx, en donde murieron seis miembros de esta familia.

Según Abarca, la familia Velázquez López huyó luego que policías llegaran al hogar donde se refugiaba una de las testigos y sobreviviente de la masacre.

“La sobreviviente tuvo que irse de su casa porque policías de civil seguían hostigándola y llegando a la casa donde se resguardaba”, precisó.

La familia Gahona Sandoval también tuvo que huir por seguridad. Abarca aseguró que Migueliut Sandoval, esposa de Ángel Gahona, periodista asesinado en Bluefields durante el inicio de las protestas, se fue del país con los dos hijos que procreó con el difunto.

Persecución y amenazas

El Cenidh a nivel nacional tiene registradas 1,800 denuncias de persecución y amenazas a personas que han participado en marchas o han apoyado en los tranques. La CPDH hace un mes contabilizaba 350, aseguró Marcos Carmona, director de esta oenegé.

Carmona explicó que, en la mayoría de los casos, las personas que denuncian son hombres, los que al final terminan huyendo de sus casas.

“Este problema va a provocar la desintegración familiar y eso es una violación a los derechos humanos”, dijo. 

Los dos nuevos casos que llegaron ayer a la CPDH son los de un hombre de 30 años que participó en un tranque en Boaco. El ciudadano aseguró que huye desde el mes de mayo cuando el tranque donde estaba fue quitado.

“Ando de un lado a otro, de finca en finca, porque en mi barrio me amenazaron. Mi familia aún está en casa, pero pienso llevármela fuera del país”, relató.

El otro caso es el de una familia de cuatro personas en Río Blanco. Ellos son perseguidos políticos por  participar en marchas y tranques que se levantaron en este lugar. La CPDH afirmó que estas personas han cambiado de casa en siete ocasiones.

Los organismos de derechos humanos recomiendan a las familias que pasan por esta situación, interponer una denuncia para tener constancia de la violación de sus derechos.