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De una camioneta sin placas intempestivamente bajaron seis hombres armados cubriendo sus rostros con capuchas, con vestimentas sin emblemas ni nada que los identifique como autoridad y a punta de fusil de guerra y golpes se llevaron a Francisco Armando Corea Luna, quien pasó a formar parte de la lista de víctimas de secuestro o detención ilegal.

Galidia López Morales, compañera de vida de Corea, denunció el hecho ante los organismos de derechos humanos y narró lo que le sucedió el martes su pareja, este estaba en su moto con su hija de 5 años cuando los encapuchados lo tomaron con lujo de violencia.

En medio de los gritos de terror de la niña, el otro hijo de Corea (de 17 años) trató de salir de la casa a ver lo que pasaba, pero uno de los encapuchados lo apuntó con el fusil advirtiéndole que si salía de la casa lo mataba.

La abogada del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh), Brenda Rojas, destacó que este miércoles los familiares lograron localizar a Corea en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El Chipote, lo que muestra coordinación entre la autoridades y los civiles armados que se mueven en vehículos de las instituciones del Estado, algo que consideró un patrón común en las denuncias recibidas.

La asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Carla Sequeira, quien forma parte de un equipo de especialistas de su organización, que recibe denuncias en El Chipote, señaló que en promedio al día llegan, al menos, 20 denuncias de personas detenidas por policías o de grupos armados irregulares.

“Sin embargo, hay momentos en que las cifras se disparan. Por ejemplo, durante el ataque a Carazo las denuncias se elevaron a cien ese día y en ninguno de los casos las detenciones cumplieron los procedimientos legales. En el caso de los detenidos por la policía y antimotines, lo hicieron sin órdenes de allanamiento ni captura, y de las capturas hechas por los grupos armados, esto se denomina secuestro”, dijo Sequeira.

Secuestro simple

El Código Procesal Penal, Artículo 163, explica que el delito se define como secuestro simple. El delito se comete cuando alguien sustrae, retiene u oculta a una persona contra su voluntad. Este delito se aplica entre civiles.

En el caso de la detención ilegal, las autoridades policiales incurren en esta cuando una persona es retenida violentando las normas del debido proceso, además que el detenido ilegalmente debe ser liberado transcurridas 24 horas sin que exista acusación por parte del Ministerio Público.

Sequeira argumentó que actualmente las autoridades policiales están violentando todas las normas legales y las autoridades judiciales no respetan los procesos legales, todo con el objetivo de reprimir y sofocar cualquier forma de protesta.

“Desde haber participado en las protestas, apoyar a los protestantes o simplemente opinar en contra del Gobierno en tu Facebook, son causales de detención o secuestro, según los patrones que hemos observado en las denuncias recibidas”, comentó la abogada.

“Tenemos casos de detenciones pasados ocho días. En general estas se realizan sin orden de allanamiento, sin orden de captura, sin lectura de los derechos que tiene la persona detenida, encarcelado sin una acusación, llevados al Sistema Penitenciario Nacional sin estar condenado”, dijo Sequeira, indicando que se está manipulando todo el sistema.

Por otra parte, la abogada de CPDH dijo que igual sucede con la autoridad judicial que trabaja sin respetar términos de ley, sin las investigaciones pertinentes, teniendo como testigos a los mismos policías, con un Instituto de Medicina Legal que ha demostrado no ser creíble con las causas de muerte, pruebas de parafina que no se realizaron, pero aparecen positivas en el expediente judicial, e incluso procesa y condena a menores de edad como si fueran adultos.