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El Gobierno publicó este viernes en la Gaceta Diario Oficial la nueva Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción, que según el gobierno tiene como fin cumplir con las recomendaciones contenidas en el último reporte  del GAFILAT para Nicaragua.

Sin embargo, dicha ley contiene una reforma al Código Penal que, a juicio del exprocurador de justicia Alberto Novoa, pone en riesgo la seguridad jurídica de los nicaragüenses.

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La nueva Ley contra el Lavado de Activos reforma el artículo 394 del Código Penal, cambiando el concepto de terrorismo. También modifica el artículo 39, referido al financiamiento al terrorismo.

“El concepto de terrorismo ya se encontraba en el Código Penal, sin embargo, cambia con esta nueva ley y se establece que es un tipo penal abierto. Esto significa que la conducta prohibida no es específica, sino que le deja a la discreción del judicial aplicarla de cualquier manera”, explicó Novoa.

El nuevo concepto de terrorismo “no le brinda al ciudadano una seguridad jurídica, por lo tanto, nos afecta a todos, porque los tipos penales abiertos en doctrina no son parte de la estructura del derecho penal en un Estado de Derecho, ya que deja a discreción tanto del Ministerio Público como del juez, interpretar el contenido de la conducta prohibida y rompe la seguridad jurídica”, recalcó.

El peligro para los nicaragüenses, añadió Novoa, es que “en estas circunstancias se está dando al Estado de Nicaragua una herramienta para poder calificar cualquier tipo de conducta y penalizarla con el agravante de que las penas son superiores a los 15 y 20 años, superior al homicidio, a la violación, inclusive, en el mismo rango de un asesinato agravado. La vulneración a la seguridad jurídica de los ciudadanos es grande, desproporcionada”.

Roces constitucionales

Explicó que en el Código Penal “existen los delitos políticos; son sedición, rebelión, asonada y también existe atentar contra la Constitución Política del Estado, pero en el actual numeral conjugaron y dejaron a libre interpretación del Ministerio Público y del judicial, lo que se debe entender como un acto terrorista”.

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El nuevo concepto del delito de terrorismo en el Código Penal es el siguiente: “Quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión”.

Este viernes también se publicó la nueva Ley de Unidad de Análisis Financieros (UAF).

Las acusaciones

La controversia respecto a la nueva ley antilavado radica en que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha calificado de “terroristas” y “golpistas” a ciudadanos que han protestado desde el 18 de abril pasado; y a líderes de organizaciones de la sociedad civil, los están procesando acusados de “terroristas”, entre otros delitos graves.

Este viernes, la vicepresidenta Rosario Murillo advirtió: “Sabemos que hay instituciones que harán justicia a todas las víctimas del terrorismo golpista. Sabemos que hay instituciones que serán capaces de reconocer los delitos y los crímenes de quienes han causado tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento, tantos crímenes aberrantes, diabólicos, en nuestra Nicaragua”.

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“Deben pagar por la destrucción de tantas vidas, de la armonía en la familia, en la comunidad, por la destrucción del país, por la destrucción de infraestructura e instituciones públicas”, dijo Murillo en su declaración cotidiana del mediodía por la televisión del Gobierno.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, difundido el martes, explicó que la aprobación de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo es una acción propia “del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los convenios y tratados internacionales”.