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Junto a una pistola, balas, los uniformes, el chip, los grados de inspector y las escarapelas, estaban dos medallas al mérito por su servicio durante 13 años de labor por la seguridad ciudadana, las cuales también fueron entregadas a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), porque ya no significan nada para dos agentes policiales que prefirieron desertar de las filas de la Policía Nacional.

Los implementos que pertenecieron a los exoficiales Maycol Alejandro Delgado Vargas y Juan José Blandón Gómez, fueron depositados en manos de la CPDH porque si los entregaban  ante sus superiores, temían ser víctimas de fuertes represalias.

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Julio Montenegro, asesor legal de CPDH, indicó que a este organismo de derechos humanos se acercaron los hoy  exagentes de manera separada, quienes adujeron que dejaban los uniformes de la Policía Nacional porque en el contexto de las protestas, los mandos los obligaban a realizar actos que estaban en contra de sus valores morales y los principios institucionales.

“Estas personas no especificaron los actos porque fueron escuetos y precavidos. Lo cierto es que argumentaron que preferían abandonar las filas de la Policía porque temen por su seguridad personal en estos momentos”, afirmó Montenegro.

“Nos dijeron que no permanecen en sus casas, porque tienen conocimiento de los castigos aplicados por sus superiores en contra de los que rechazan actuar fuera del marco de su misión”, añadió Montenegro.

Por la recepción de denuncias, conocen de otros oficiales que están en la misma situación, pero la CPDH dijo desconocer en qué condición están estos agentes.

“Muy peligroso”

Otro agente con rango de capitán se presentó a la CPDH para conocer sobre medidas de protección, ya que hay amenazas en su contra y acoso de otros miembros policiales porque creen que él está conspirando contra el Gobierno.

“Te puedo decir muchas cosas internas y las cosas que suceden dentro, pero no puedo dar mi identidad. Eso es muy peligroso para mí y mi familia”, alegó el capitán.

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Montenegro comentó que hay otros casos de denuncias de miembros de la Policía Nacional, pero de índole laboral, lo que de igual manera les genera temor.

Entre los casos a los que les han dado seguimiento está el de María Teófila Arauz, exteniente de la Policía Nacional, despedida y amenazada por escuchar en su celular la canción “Que vivan los estudiantes”.

Arauz temía que le inventaran delitos por hacer pública la denuncia, sin embargo, a las pocas semanas su hijo falleció en un extraño accidente de carretera, por lo cual también estuvo presente la CPDH.

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También está el excapitán Engel Antonio Aguilar Ney, arquitecto en la División Administración General de la Policía Nacional, que manejaba los proyectos de infraestructura, hasta que la institución le impuso baja deshonrosa, aduciendo que hablaba mal en las redes sociales contra la institución.

Aguilar abandonó el país y su familia ya no puede vivir en su casa por el acoso policial y amenazas.

Uno de los más dramáticos casos fue la acusación de Fátima Vivas, madre del oficial Faber Antonio López Vivas, quien según informó la Policía a su mamá, este fue asesinado por el certero impacto de un proyectil en la frente, pero tras un examen que le realizó un médico a solicitud de su madre, no tenía orificio de bala, solamente golpes en diferentes partes del cuerpo.

Vivas aseguró que su hijo trató de pedir su baja, pero lo amenazaron de muerte a él y a su familia.