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Decenas de madres que preguntaban por sus hijos, que fueron arrestados o desaparecieron durante las  manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, fueron evacuadas de las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, por razones de seguridad.

Karla Sequeira directora jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que al menos 30 personas, mayoritariamente madres, decidieron autoevacuarse de las afueras de El Chipote, por temor a ser agredidas.

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Las familias de los detenidos se trasladaron a Catedral de Managua.

Según el relato de algunas madres y esposas de los detenidos, decidieron abandonar las afueras de El Chipote debido a que hoy fue anunciada por el Gobierno una marcha y tuvieron temor de que los manifestantes llegaran a agredirlas. 

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Según la CPDH, en El Chipote hay al menos 50 personas detenidas por participar en las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Una joven embarazada que se autoevacuó de las afueras de El Chipote junto al grupo de madres que buscaban información o exigían la liberación de sus familiares, al momento de la evacuación se desmayó y fue trasladada a un hospital.

La calle que daba a la cárcel se mantenía ocupada de manera constante desde abril pasado, por madres y familiares que preguntaban por sus hijos, o les llevaban alimentos una vez que sabían que estaban arrestados. 

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Debido a la casi nula información sobre los capturados, un promedio de entre 25 y 50 madres permanecían frente a "El Chipote" cada día, para saber de sus hijos.

En el lugar confluían familiares de reos, asesores legales, defensores de derechos humanos, médicos, así como personas que brindaban alimentos y ofrecían colchones para que las madres no durmieran sobre el asfalto.

Karla Sequeira, pidió al Gobierno "que deje esta forma de intimidación contra los familiares que únicamente piden la libertad de los detenidos, ellos no están protestando, están pidiendo por sus hijos".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.