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Casi un centenar de acusaciones, por delitos que van desde portación ilegal de armas hasta asesinato y terrorismo, ha presentado el Ministerio Público contra participantes en las protestas antigubernamentales que ya cumplen 96 días.

Solo en Managua la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha asumido la defensa en 57 causas judiciales contra personas que participaron en marchas y tranques contra el Gobierno.

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La CPDH también asumió esta semana la defensa de ciudadanos autoconvocados que fueron acusados en Estelí, Jinotega y Jinotepe, según los registros de ese organismo.

Entre los 57 casos judiciales ventilados en Managua, en los que los abogados de la CPDH han asumido la defensa de los acusados, está el proceso contra cinco jóvenes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa acusados de quemar la estación policial de El Jicaral, municipio de León.

Los abogados de la CPDH están defendiendo a 12 jóvenes de Tipitapa y 11 de Sébaco, acusados de terrorismo en los juzgados Quinto y Séptimo Distrito Penal de Audiencia de la capital.

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La CPDH además defiende a cuatro jóvenes originarios de Diriamba, Carazo, contra quienes el Ministerio Público ha formulado acusación.

En el transcurso de esta semana la Fiscalía acusó a otros 12 opositores al Gobierno, entre los que destacan un médico odontólogo y los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. A los dos últimos les atribuyen el delito de terrorismo y asesinato.

El caso Arellano

Esta semana comenzó con la acusación por financiamiento al terrorismo contra el joven profesional Héctor Arellano Pérez, a quien la Fiscalía señala de haber comprado chalecos antibalas para proveerlos a manifestantes.

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Según la acusación fiscal, los chalecos habrían sido proporcionados por Héctor Arellano a los estudiantes que hace una semana fueron desalojados de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua) en un operativo ejecutado con armas de guerra por fuerzas combinadas de la Policía y parapolicías, resultando dos jóvenes muertos y al menos una decena de heridos.

La más reciente acusación en la que se atribuye el delito de terrorismo a una persona vinculada a las protestas antigubernamentales fue presentada por el Ministerio Público en los juzgados penales de Estelí contra 14 jóvenes, de los cuales cuatro están detenidos.

La CPDH dijo que además de los procesos judiciales contra personas que se han manifestado contra el Gobierno, ha presentado alrededor de 600 recursos de exhibición personal por detenciones ilegales a favor de aquellos que han sido encarcelados por apoyar las protestas.