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  • EFE

El Gobierno brasileño condenó hoy la muerte de una estudiante brasileña en Nicaragua, víctima de disparos a manos de supuestos paramilitares, y exhortó a las autoridades nicaragüenses a "identificar y castigar" a los responsables.

La Cancillería brasileña afirmó en un comunicado que recibió con "profunda indignación" la muerte de la brasileña Rayneia Gabrielle Lima, "alcanzada por disparos en circunstancias sobre las cuales está buscando esclarecimientos junto al Gobierno nicaragüense".

"El Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal", señala la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Universidad Americana (UAM), donde estudiaba sexto año de la carrera de medicina, informó que Lima fue víctima la víspera de disparos de "grupos paramilitares".

Desde la mañana los amigos de Rayneia Gabrielle Lima han denunciado su asesinato. Cortesía/END

El asesinato de Lima se produce en medio de una crisis sociopolítica por manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, cuya represión ha dejado entre 277 y 351 muertos, según organizaciones humanitarias locales e internacionales.

Ante lo ocurrido, el Gobierno brasileño reiteró su condena al "aumento de la represión, el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en operaciones coordinadas por los equipos de seguridad".

"Al repudiar la persecución de manifestantes, estudiantes y defensores de derechos humanos, el Gobierno brasileño vuelve a instar al Gobierno de Nicaragua a garantizar el ejercicio de los derechos individuales y de las libertades públicas", subrayó la Cancillería.

Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más fuerte desde la década de los años 1980, también con Daniel Ortega como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias".