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  • EFE

La Policía de Nicaragua negó hoy que un grupo de parapolicías haya causado la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Gabrielle Lima, tal como lo informó el rector de la Universidad Americana (UAM) horas antes, Ernesto Medina.

"Un guarda de vigilancia privada, en circunstancias aún no determinadas, realizó disparos con arma de fuego, uno de los cuales le impactó, ocasionándole heridas", informó la Policía Nacional, que no identificó al autor.

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Horas antes, Medina había señalado que "paramilitares que estaban en la casa de Chico (Francisco) López, fueron los que dispararon" a Lima, quien estudiaba sexto año de medicina en la UAM.

López es el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y hasta hace poco era gerente de dos grandes empresas del Estado relacionadas con el petróleo y el sector construcción, que fue afectado con la Ley Global Magnitsky, de Estados Unidos, que lo señaló de graves violaciones a los derechos humanos.

Los parapolicías en Nicaragua actúan en conjunto con la Policía en ataques a la población civil, según múltiples denuncias acompañadas de vídeos. El Gobierno de Brasil condenó la muerte de Lima, y exhortó a las autoridades nicaragüenses a "identificar y castigar" a los responsables.

"El Gobierno brasileño exhorta a las autoridades nicaragüenses a poner a disposición todos los esfuerzos necesarios para identificar y castigar a los responsables por el acto criminal", señala la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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La Policía de Nicaragua informó de que el "guarda de vigilancia privada está siendo investigado para el esclarecimiento del hecho".

El asesinato de la estudiante brasileña ocurrió horas después de que Medina participó en un foro en el que dijo que el crecimiento económico y la seguridad en Nicaragua antes del estallido social de abril contra el presidente Daniel Ortega "era parte de una farsa", porque "nunca hubo un plan que acabara con la pobreza y la injusticia".

El suceso se produce en medio de una crisis sociopolítica por manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, cuya represión ha dejado entre 277 y 351 muertos, según organizaciones humanitarias locales e internacionales.

Nicaragua está sumergida en la crisis más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más fuerte desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.