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De los 200 estudiantes que permanecían en protesta desde la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua (UNAN-Managua) y que fueron desalojados por encapuchados armados pro-Gobierno, al menos, 80 han denunciado acoso, asedio y amenazas de muerte ante organismos de derechos humanos.

Otros 26 jóvenes que estuvieron atrincherados en la UNAN-Managua están detenidos, confirmó la  doctora Karla Sequeira, de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

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“De los 26 detenidos, a 10, el Ministerio Público ya les levantó cargos por delitos comunes. El problema es que el sistema judicial está desarrollando su actuar para criminalizar la protesta que los jóvenes venían haciendo”, valoró la doctora Sequeira, destacando que podría haber más protestantes bajo amenazas, pero todavía no denuncian.

Estudiantes que solicitaron el anonimato, denunciaron que los están cazando uno a uno, por lo cual muchos han decidido abandonar sus viviendas.

“Yo estudiaba la carrera de Diseño Gráfico, pero ya perdí el año porque no voy a volver a la universidad. Así estamos muchos. Ahorita la universidad está tomada por paramilitares, aunque abran clases sin los armados, de todos modos no regresaremos. Tenga por seguro que nos estarán esperando”, argumentó la estudiante.

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Otro joven que permaneció por casi dos meses en la universidad, destacó que desde antes del asalto por parte de armados y policías, ocurrido el 13 de julio, ya estaban bajo persecución y la mayoría prefería no abandonar el recinto, porque cuando salían estaban expuestos a ser perseguidos, golpeados, baleados o secuestrados. No descarta que gente infiltrada los haya identificado para ahora capturarlos.

“La toma de la UNAN fue el 7 de mayo. Sobrevivimos a los paramilitares, pero ahora que estamos afuera nos andan buscando, tenemos que andar escondidos, al menos, tres de mis compañeros fueron capturados”, comentó el estudiante de Técnico Superior en Enfermería, cuya labor era dar atención médica a los heridos en las trincheras.

La abogada de CPDH indicó que parte de las denuncias de detenidos no han podido documentarles porque el acceso a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, fue restringido y ahora permanece tomado por simpatizantes del Gobierno.

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Karla Sequeira dijo que las personas que mantienen tomadas las afueras de El Chipote hicieron desaparecer los toldos, sillas y otros utensilios que su organización dispuso para ejercer su labor humanitaria.

“Ya no podemos estar en el lugar por cuestiones de seguridad, pero los familiares de detenidos denuncian las burlas de las que son objeto y la agresión sicológica contra los detenidos, ya que por la noche encienden sus parlantes para ofender y humillar”, agregó la doctora Sequeira.