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La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha valorado la posibilidad de proponer en la mesa del Diálogo Nacional un referendo para que el pueblo exprese mediante el voto si quiere o no la continuidad de Daniel Ortega como presidente del país.   

El referendo se “ha considerado dentro del seno de la Alianza Cívica como una opción. ¿Cuál es el problema de adelantar elecciones? Según (el presidente Daniel) Ortega, eso violenta la Constitución, pero un referendo está dentro del marco constitucional”, señaló a CNN Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que integra a la Alianza Cívica.

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El artículo 134 de la Ley Electoral establece que “el referéndum es el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o reformas de carácter ordinario o constitucional para su ratificación”.

En tanto el artículo 136 de la misma ley señala que “la iniciativa del Decreto Legislativo para un referendo corresponde a un tercio de los diputados ante la Asamblea Nacional o directamente al pueblo cuando este así lo solicite, con un número no menor de 50 mil firmas”.

Juan Sebastián Chamorro aseguró que las 50 mil firmas de los ciudadanos se pueden conseguir “en cualquiera de las marchas que se hacen semanalmente”.

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La viabilidad del referendo “se ha analizado con abogados constitucionalistas y es efectivamente una posibilidad muy real que se puede hacer, está dentro de la Constitución, es democrático”, recalcó Chamorro. 

“Podría ser una salida a poner presión para hacer un cambio. Ahora, si se hace el referendo, ¿Quién va a contar los votos? El Consejo Supremo Electoral que está sumamente corrupto? Estamos frente a un Gobierno que no ha mostrado voluntad política y que está presentando una realidad virtual diferente a la realidad del país”, observó.

Todavía no lo acuerdan

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no ha llegado a ningún acuerdo respecto al referendo y mantiene su posición de pedir el adelanto de las elecciones generales, indicó por su parte Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza.

“Es un tema que lo hemos discutido, no se ha llegado sobre eso a ningún acuerdo a nivel de la Alianza, está ahí, pero tiene muchos problemas. ¿Quién organizaría ese referendo o plebiscito? Con el actual Consejo Supremo Electoral no cabe hacer ningún referéndum, porque no tiene credibilidad”, destacó Tünnermann.

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Explicó que la actual Ley Electoral contiene el referendo y el plebiscito, pero “no contempla el referéndum revocatorio, que es cuando se le consulta al pueblo si debe continuar o no en la Presidencia, el presidente que está ejerciendo el Poder Ejecutivo. En Nicaragua la Ley Electoral no tiene el referendo revocatorio y se tendría que reformar la Ley Electoral para incluirlo”.

También señaló que para hacer factible el resultado de un referendo “se debería cambiar todo el Poder Electoral para que sea creíble”.

El referéndum “es una salida que tiene sus dificultades y que puede, incluso, ser una trampa, en el sentido de que Ortega acepte ir al plebiscito o referendo, pero no haga ningún cambio en el Consejo Supremo Electoral, porque él maneja la Asamblea Nacional, entonces, no tendríamos ninguna garantía”, enfatizó.  

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En estos momentos la Alianza mantiene “la alternativa del adelanto de las elecciones, esa es la que estamos apoyando. Implica reformas, pero que son mucho más sencillas”, sostuvo Tünnermann.

El adelanto de los comicios generales implica una “reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para que las legislaturas puedan ser consecutivas (en un mismo año), entonces se reforma el período presidencial y el Poder Electoral para que haya elecciones justas, transparentes y honestas”, indicó.

Ya se registró un adelanto de elecciones y “es un precedente histórico, en el cual participó Ortega”, quien aceptó realizar elecciones adelantadas en 1990, destacó Tünnermann. 

Juan Sebastián Chamorro también recalcó a CNN en Español que “el adelanto de las elecciones lo hemos planteado no como un acto hostil por derrocar a nadie, simplemente es un acto necesario, porque el país no puede soportar llegar al 2021 (año de elección presidencial) con  protestas continuas, no puede un país estar en un estado de esa naturaleza y por lo tanto es importante encontrar una solución negociada”.