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Un grupo de siete congresistas solicitó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconsiderar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los nicaragüenses que viven y trabajan en ese país, debido a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace tres meses.

“Le pedimos que considere la situación precaria en Nicaragua, y de acuerdo con todas las reglas y regulaciones aplicables, reconsidere su decisión de cancelar la designación de TPS para Nicaragua”, indican los congresistas en una misiva que enviaron el pasado 26 de julio al presidente Trump.

El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en los años 90 para amparar a migrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países. En el caso de Nicaragua, más de 5,000 personas recibieron el estatus de TPS en 1999, luego de los estragos que causó el Huracán Mitch en el país.

Pero el 6 de noviembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el fin del programa para Nicaragua porque consideró que en ese momento las condiciones en el país eran “favorables”. Según la medida, los nicaragüenses bajo ese estatus perderían sus permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos a partir del 5 de enero del año próximo.

“Si bien su Administración ha decidido que Nicaragua ya no califica para TPS según las condiciones que le otorgaron la designación original de 1999, le pedimos que considere las condiciones temporales, incluido el conflicto armado, que enfrenta Nicaragua para extender rápidamente el TPS a los nicaragüenses”, señalan los miembros del congreso que firman la misiva: Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart, Albio Sires, Debbie Wasserman Schultz, Carlos Curbelo, Norma Torres y Adam Schiff.

“A la luz de esta violencia continua, creemos que los nicaragüenses que residen legalmente en los Estados Unidos no deberían ser devueltos a esas condiciones no viables”, advierten los congresistas.

Según la misma carta, Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales de todas las personas, incluida su seguridad personal. “Creemos que sería irresponsable que los Estados Unidos enviara a estas personas a Nicaragua para enfrentar la violencia, el caos y la opresión”, remarcan los firmantes.