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La Guacimada, un pasadizo ilegal localizado cerca de la frontera de Peñas Blancas, se ha convertido en la vía de escape de centenares de nicaragüenses que deciden huir de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril pasado.

Con la salida de los primeros rayos del sol, en la zona límite con Costa Rica, comienzan a divisarse decenas de personas. Con pasaporte y visa en mano, una minoría se dirige al puesto de control del complejo fronterizo; la mayoría se enrumba hacia el sector oeste donde son esperados por lugareños que se ofrecen como guías de indocumentados, los llamados “coyotes”.

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“Marcos”, un matagalpino que aparenta 30 años, fue de los primeros en buscar la salida hacia el sur. Decidió dejar todo, pero no para perseguir una mejoría económica, como han hecho miles de nicaragüenses que migran hacia la nación vecina, sino para salvar su vida, según explicó.

“Vamos haciendo esta travesía con la fe de ir a resguardar nuestras vidas”, dijo el joven a El Nuevo Diario, mientras hacía el viaje ilegal en compañía de un amigo que también dijo sentirse en peligro en Matagalpa.

“Nuestra casa es asediada de día y de noche, y también tenemos temor de que nos arresten y nos acusen de delitos que no hemos cometido, solo por andar en las marchas antigubernamentales de Matagalpa”, manifestó.

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Otro muchacho, originario de Masaya que se identificó con el seudónimo La Voz, el mismo que utilizaba en los barricadas antigubernamentales contra el gobierno de Daniel Ortega, comentó que no todos los que están cruzando hacia Costa Rica están “fichados” por las autoridades o fuerzas de choque progobierno. “La inmensa mayoría está huyendo de la crisis, y porque tienen la certeza de que nuestro país tiene un futuro nada halagador”, explicó.

Transportistas, cambistas, “coyotes” (guías de inmigrantes) y una gran cantidad de comerciantes que convergen en La Guacimada, dijeron a El Nuevo Diario que el flujo de migrantes ha aumentado a raíz de la crisis, y que en la última semana el promedio de migrantes por día fue de 500 a 600 personas.

“El flujo de inmigrantes nicaragüenses que se dirigen a Costa Rica era mayor a inicios de julio, en esos días eran entre 1,000 y 1,500 personas las que cruzaban la frontera, y el mayor movimiento era en horas de la mañana. En esta semana están pasando entre 500 y 600, migrantes”, aseguró un “coyote”.

Alquilan botas

En La Guacimada, los lugareños permanecen a la espera de los buses y taxis que transportan a los nicas en su viaje. Algunos hasta ofrecen la venta de boletos de los buses de línea internacional, otros se disponen a cargar maletas o bien a orientar cómo evadir o recurrir a las autoridades de Costa Rica en su territorio.

Las personas que optan por el cruce ilegal deben rentar botas de hule que facilitan su caminata por un potrero fangoso en la zona de La Guacimada, que conecta a ambos países por el costado oeste del complejo aduanero de Peñas Blancas.

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“Las botas de hule las alquilamos a 100 córdobas o 2,000 colones, y por guiarlos hasta el otro lado de la frontera cobramos 200 córdobas”, indicó un lugareño.

Puesto en el lugar, el migrante nica tiene dos opciones: tomar una ruta que le lleva hasta un puesto de migración tico donde pueden solicitar refugio o viajar por vereda para intentar ingresar al territorio costarricense.

Unas 14,000 solicitudes de refugio han tramitado nicaragüenses en Costa Rica, entre los meses de mayo y junio, pero solo el 20% de estas corresponde a personas recién llegadas a ese país por los pasos terrestres de Tablillas y Peñas Blancas, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería costarricense citados por el diario costarricense La Nación.

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La vía corta de la frontera, un trayecto de 800 metros, implica pasar por un puesto de control de las autoridades nicaragüenses que exigen mostrar documentos de identidad.

“Ahí, efectivos (del puesto militar fronterizo) nos revisan la cédula para ver si nuestros nombres no aparecen en una lista de personas que tienen orden de captura, por participar en las protestas. Los más buscados son ciudadanos de los departamentos de Carazo y Masaya, y el que no aparece lo dejan continuar con el viaje”, reveló un ciudadano que pidió omitiéramos su nombre.

Los “guías” explican que otros migrantes optan por cruzar por una ruta de al menos 2 kilómetros de distancia, para evitar el puesto militar nicaragüense de La Guacimada. El viaje lo realizan en taxis piratas que se mueven “por veredas”.

La semana pasada, la Cancillería costarricense informó que habilitaría dos refugios o “Centros de Atención Temporal de Migrantes” en el territorio fronterizo.

(Colaboración de Noelia Celina Gutiérrez)

Teme ser atrapado en la frontera

Rafael Lara

César asegura no tener más opción que huir del país. El joven, originario del municipio de La Concepción, Masaya, participó en las protestas antigubernamentales en los tranques El Retén y El Recuerdo, y ahora es víctima de persecución, denunció.

“Quiero irme de Nicaragua porque soy un perseguido, pero no puedo salir. Tienen a su gente (policías y parapolicías) regadas por todas las salidas de la frontera (sur) y ni por avión (se puede salir)… A uno lo tienen circulado”, expresa y recuerda lo que sucedió con el líder campesino Medardo Mairena, quien fue apresado en el aeropuerto internacional de Managua cuando iba a tomar un vuelo hacia Estados Unidos.

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César cuenta que días antes de la Operación limpieza en Masaya, él y otros jóvenes protestantes decidieron retirarse de los tranques porque solo tenían morteros artesanales. Desde entonces huye para no ser apresado, como ha pasado con otros manifestantes de Masaya, de quienes desde el pasado 15 de julio no se tiene certeza de su paradero.

“No sé cuánto tiempo tendré que estar huyendo. Haré lo posible de cuidarme”, comentó.

Otro ciudadano que pide ser llamado Marcial, cuenta que intentó salir del país por la frontera sur, pero no logró su objetivo por temor a ser apresado.

“No dejan que la gente salga. Nos tienen atrapados. Tratan de eliminar toda oposición y no dejar rastros. De los que firmaron en Masaya (el acuerdo con la Policía), de no volver a causarle problemas al Gobierno, dicen que se mantienen bajo vigilancia”, agregó Marcial.

La asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Johana Miranda Martínez indicó que en la última semana este organismo recibió trece denuncias de personas que huyeron de Monimbó, Niquinohomo y La Concepción, luego del ataque ejecutado por encapuchados armados y agentes policiales.

“Ellos están sufriendo una persecución política, ya que a través de los Comités del Poder Ciudadano (CPC), en los barrios levantaron listas de todos los que protestaban o ayudaron a los protestantes. De esta manera es que la Policía Nacional los tiene identificados y circulados, por lo cual no ven otra salida que irse del país, por falta de seguridad para su vida y la de su familia”, explicó Miranda.