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Cristhian Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, líderes del Movimiento 19 de Abril en Masaya, guardarán prisión preventiva durante 28 días para enfrentar un proceso en el que se les acusa de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y obstaculización de servicios públicos.

La nueva jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de la capital, Karen Chavarría, dictó este sábado la prisión preventiva contra Fajardo y Peralta y les programó audiencia inicial para el próximo 24 de agosto.

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En este caso, la Fiscalía acusa a otros diez pobladores de Masaya, entre ellos Ricardo Sanarrusia Calderón, quien según el Ministerio Público asesinó al policía Gabriel Vado Ruiz, cuyo cadáver fue quemado a orillas de una barricada de Masaya. Es el único de los acusados originarios de Masaya señalado de asesinato agravado.

Cristhian Fajardo y María Adilia Peralta acusados por cuatro delitos.

Los otros acusados son Hader González Zeledón, Cristhian Meneses Machado, Carlos Vanegas Gómez, Washington Martínez Gómez, Walmer Ruiz Rivera, Miguel Martínez Gómez, Daniel Miranda Palacios, Armando Meneses Machado y Fernando Brenes Sánchez.

Los hechos

En el extenso escrito acusatorio se asegura que Cristhian Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato son quienes organizaron el levantamiento de barricadas en barrios de Masaya, Catarina y Niquinohomo.

“Los acusados Cristhian Fajardo Caballero y María Adilia Peralta Cerrato, desde inicios del mes de abril, organizaron el levantamiento de tranques en Masaya y para ello recibían financiamiento desde el extranjero a través de remesas”, expresa la acusación formulada por la Fiscalía.

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A Fajardo Caballero y Peralta Cerrato, quienes son pareja, los capturaron en la zona fronteriza con Costa Rica.

A los otros acusados en este caso también les atribuyen los delitos de secuestro extorsivo, toma de rehenes y tortura en perjuicio del policía Rodrigo Barrios Flores, quien según el escrito fue secuestrado en un tranque ubicado en la entrada a Niquinohomo, el 13 de julio pasado.

El Ministerio Público argumenta que el agente policial después de ser secuestrado habría sido torturado atado a un poste y, posteriormente trasladado al local del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) donde también fue maltratado.

De acuerdo con la acusación, el policía logró escapar el 15 de julio, aprovechando que fuerzas policiales atacaban las barricadas levantadas por los pobladores en el barrio Monimbó.

Para los otros diez acusados que enfrentan cargos de terrorismo, crimen organizado, obstrucción de servicios públicos, daño agravado y robo agravado, la jueza Karen Chavarría giró orden de captura.

Once protestantes diriambinos, a juicio  

Ernesto García

Nueve diriambinos que participaron en los tranques antigubernamentales en esa ciudad deberán esperar en prisión preventiva la audiencia inicial que la jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de la capital, Karen Chavarría, les programó para el próximo 24 de agosto.

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A este grupo que se identifica como ciudadanos autoconvocados, la Fiscalía les atribuye los delitos de crimen organizado, daño agravado, robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos (transporte).

Nueve diriambinos autoconovocados acusados por cuatro delitos.

Los nueve que ayer quedaron a la espera de juicio son Alexis Bermúdez López, Augusto Gutiérrez Mercado, Marcos García López, Léster Romero Ruiz, Carlos Cruz Aburto, Jeison Castro Ortez, Juan García Baltodano, Manuel Cerda Valerio y Rafael Acevedo Guevara.

Sin capturar

La acusación de la Fiscalía también va dirigida contra César Arburola López y Rodolfo Arburola Rojas, para quienes ayer la jueza Karen Chavarría giró órdenes de captura.

 Los Arburola son señalados como líderes de un tranque en la esquina del Colegio San José, en Diriamba, según el ente acusador.

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Yonarquis Martínez, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien ejerce la defensa de los acusados, se opuso a la aceptación de la acusación, alegando que con la misma la Fiscalía está castigando a quienes protestan.

“Lo que la Fiscalía está haciendo con estas acusaciones es criminalizando el derecho a la protesta que todos los ciudadanos tenemos”, subrayó la abogada defensora.

El tranque del Colegio San José y otros que había en Diriamba y Jinotepe, fueron desmontados el pasado 8 de julio por fuerzas de la Policía y civiles encapuchados armados, un operativo que dejó al menos 10 muertos y decenas de heridos.

A los acusados, la Fiscalía también los señala de haber robado material deportivo, equipo de oficina y causado daño en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Deportes de Diriamba.