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Diez personas que estuvieron involucradas en las protestas desarrolladas en la ciudad de Masaya entre abril y julio aún están siendo buscadas por la Policía Nacional, a quienes califican como “terroristas sin detener”, informó ayer la institución. 

En conferencia con medios afines al Gobierno, el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), presentó ayer a Cristhian Fajardo y María Adilia Peralta, quie

Sin embargo, el jefe policial imputó cargos como crimen organizado, asesinato, secuestro y profanación de cadáveres a Ricardo Sanarruza y Fernando Brenes, que presuntamente pertenecían a una “banda delincuencial” junto con los dos dirigentes del movimiento y que aún no están detenidos. 

Asimismo, la Policía también busca a Hader González, Cristian Meneses, Carlos Vanegas, Washington Martínez, Walner Ruiz, Miguel Martínez, Daniel Miranda y Armando Meneses, por el supuesto vínculo que estos tienen con el levantamiento de tranques en Monimbó y otros barrios de Masaya.

Los ciudadanos también están siendo acusados de entorpecimiento de los servicios públicos “en perjuicio del Estado y de la sociedad nicaragüense”, entre los meses abril y julio.

A este grupo se le atribuye el “secuestro y tortura” del policía Rodrigo Barrios y el asesinato y profanación del cadáver del teniente póstumo Gabriel Vado. 

“Se conoció la existencia de grupos terroristas dedicados a ejecutar actos criminales en contra de la población en general, instituciones públicas y privadas en el departamento de Masaya dirigidos y organizados por los terroristas”, alegó Roa. 

Acusan por financiamiento externo 

Según el informe policial, los dirigentes de las manifestaciones habrían recibido el financiamiento “por grupos de personas organizadas y radicadas en Estados Unidos de Norteamérica, recibiendo dinero a través de remesas”, con los que presuntamente proveían “armas” a los participantes de los tranques.  

También acusan a los dirigentes opositores al Gobierno, Víctor Cuadra, Lesther Alemán, Jorge Solís y Kevin Espinoza, de financiar con provisiones, medicinas y armas de fuego a los manifestantes.