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La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció ayer la criminalización del “derecho a la protesta pacífica” en el país, como una forma de represión gubernamental por las acusaciones presentadas a 120 personas que participaron o apoyaron las protestas iniciadas en abril.

A la mayoría se les imputan delitos como terrorismo, crimen organizado, amenazas y secuestros, reveló ayer dicho organismo en su informe más reciente sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ya ha dejado, al menos, 300 muertos.

“Se han reportado toda una serie de acciones de persecución y amenazas en contra de las personas que de una u otra forma han apoyado las manifestaciones”, señaló Denis Darce, funcionario de la CPDH, quien además mencionó que todos los que están siendo acusados fueron apresados de manera ilegal y se les ha negado la comunicación con familiares y abogados defensores luego de su detención.

Por su parte, Julio Montenegro, abogado de la CPDH, calificó estos procesos como “confabulación” judicial por las irregularidades en las investigaciones de la Policía Nacional, las acusaciones “elaboradas” por la Fiscalía y el actuar de los jueces en los tribunales.

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Entre el total de personas que están siendo procesadas y que estuvieron involucrados en las protestas se cuentan ocho menores de edad, de entre 15 y 17 años.

A estos se les acusa por delitos que están “en el rango de crimen organizado, terrorismo, portación ilegal de armas, uso de armas restringidas, entorpecimiento de servicios públicos”, indicó Montenegro.

Sobre el informe

El informe de la CPDH indica también que el 90% de las 300 víctimas confirmadas hasta la fecha, han muerto por heridas de bala en el pecho, cabeza, abdomen o espalda, agregó Darce, refiriéndose a los datos recopilados entre el 18 de abril y 30 de julio a nivel nacional.

“La mayoría de estas personas fallecidas han sido menores de 30 años, todas las muertes son lamentables, pero más aún cuando hablamos de cinco niños”, señaló Darce.

El funcionario agregó que otros 23 casos de fallecidos aún están en proceso de verificación. Otros organismos de derechos humanos han calculado el total de muertes durante la crisis entre 295 y 448, mientras que el Gobierno reconoce únicamente a 195 víctimas.

Asimismo, según los registros de la organización, unas 2,921 personas también han resultado heridas en este mismo período.

Darce precisó que el día más mortal en los últimos tres meses fue el 8 de julio, cuando se reportaron los ataques en Carazo y Masaya en contra de los manifestantes que estaban en los tranques y resultaron fallecidas 19 personas.

Entre otras violaciones a los derechos humanos de los manifestantes que se han denunciado ante la CPDH en los últimos 105 días, se cuentan también secuestros, desapariciones forzadas, encarcelamientos de líderes opositores y desplazamientos masivos.

Además, en muchos de los 1,250 casos de personas que han sido detenidas ilegalmente se han denunciado torturas, violaciones y amenazas, agregó el funcionario.