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Once trabajadores de la salud de un total de 21 que fueron despedidos del hospital regional Santiago, de Jinotepe, Carazo y de otros centros de salud de los municipios de San Marcos, Dolores y Santa Teresa, se presentaron a la Comisión Permanente de los derechos Humanos (CPDH), para denunciar que sus despidos son arbitrarios y por tanto obedecen a razones políticas.

El cirujano Julio Sánchez Salazar denunció que después de 34 años de laborar para el Ministerio de Salud, lo despidieron sin recibir una explicación de las razones de su despido.

“Sin distingos me dediqué a atender a quien llegaba a pedir atención. No hemos cometido ningún delito y solicitamos nuestro reintegro inmediato”, dijo el doctor Sánchez.

La radióloga Indira Martínez Robleto, señala que lo único que ella hizo fue hacer uso del derecho constitucional de expresar su opinión, y además del despido se ha ganado amenazas, pues en las redes sociales la acusan de situaciones que no existieron, como montar un puesto para atender a protestantes heridos.

“Yo ni siquiera doy atenciones a heridos. Tengo una especialidad de radiología y en eso me he desempeñado”, dijo la médica especialista.

El director de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que, “no hay asidero legal para los despidos por tanto es una revancha política hecha fuera de las normas establecidas, y aseguró que de los 21 despedidos del sistema de salud estatal en  el departamento de Carazo, solo 11 se atrevieron a denunciar el caso por temor a represalias mayores.

El procurador laboral, José López, dijo que el sistema de salud público tiene sus propios reglamentos a través de la Ley de Carrera Civil y de Carrera Sanitaria y además existen convenios laborales firmados ante el Frente Nacional de Trabajadores, FNT.

Según declaraciones de los trabajadores de salud de diferentes centros asistenciales en Carazo, muchos de ellos fueron inculpados y despedidos por el hecho de aparecer en alguna foto o un video, lo cual consideran arbitrario, injusto e ilegal.