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Roberto Rivas Reyes, Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, no ha presentado su declaración de probidad ante la Contraloría General de la República, CGR, desde 2000, según informó el titular del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy.

El contralor indicó que se enteraron de esta situación después que el Director de Probidad, Juan Carlos Su, le informara que no existen los expedientes de la declaración de patrimonio de Rivas, a quien le han pedido que la presente, sin obtener respuesta hasta el momento.

Argüello Poessy recordó que según la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, todo funcionario está en la obligación de presentar su declaración de probidad antes de asumir un cargo y al cesar el mismo.

Última en 2000

“La última declaración de probidad que tenemos del doctor Rivas es la del año 2000, es decir, no ha presentado la de 2005 cuando fue reelecto”, manifestó Argüello, atribuyendo la información a lo dicho por Su.

El presidente de la CGR señaló que la Ley de Probidad de los Servidores Públicos es clara al establecer que todo funcionario del Estado está en la obligación de rendir su declaración de patrimonio, al asumir y dejar el puesto para el cual es contratado.

Su, quien se presentó al despacho del contralor Argüello Poessy, indicó que se enteraron de que Rivas no había brindado la información desde mayo de 2008, cuando le requirieron la rendición de patrimonio, aunque el Presidente del CSE respondió vía telefónica que ya se la había entregado y que tenía constancia de ello.

“Ante esa afirmación, nosotros le solicitamos que nos remitiera las copias de la constancia de la Contraloría, en la que demostraba que ya había presentado la nueva declaración, pero es la fecha y estamos esperando”, dijo Su, quien señaló que han revisado una parte de los 23 mil expedientes que tienen relacionados con las declaraciones de probidad, pero que por ninguna parte aparece otra de Rivas, más que la de 2000.

La carta del director de Probidad fue enviada a Rivas el 27 de mayo de 2008, y la misma provocó que Rivas llamara telefónicamente al remitente para decirle que esa información ya estaba en manos de la CGR, pero en realidad no ha presentado evidencias de ello.

“Quiero aclarar que no existe ninguna intención de parte de ningún funcionario de la CGR de causar molestia al doctor Rivas Reyes, pero es sencillo, si él tiene su declaración de probidad, que la traiga aquí”, invitó.

Los señalamientos

Rivas ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, de fraude aduanero en la introducción de un yate lujoso, de peculado y de malversación de caudales públicos. Asimismo, algunos medios le han atribuido como de su propiedad una avioneta privada en la cual viaja constantemente hacia Costa Rica, donde tiene, junto a su esposa, acciones de sociedades anónimas bajo las que posee, entre otras propiedades, una mansión valorada en cerca de un millón de dólares en una zona exclusiva de San José.

El titular del CSE fue denunciado en la Fiscalía a mediados de febrero por Gustavo García Prado, del Grupo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), por enriquecimiento ilícito, fraude aduanero en la introducción de un yate lujoso, peculado y malversación de caudales públicos.

El enriquecimiento ilícito, según el artículo 448 nuevo Código Penal, se determina cuando la autoridad o empleado público que sin incurrir en un delito más severamente penado, obtenga un incremento de su patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, y que no pueda justificar razonablemente su procedencia, al ser requerido por el órgano competente. La pena para este delito es de tres a seis años de prisión e inhabilitación por el mismo período para ejercer cargos públicos.

Semanas atrás, la Fiscalía, a sabiendas de que nunca Rivas ha sido enviado a los tribunales, solicitó a la Contraloría que le informe si existe alguna resolución en la que se haya establecido presunción de responsabilidad penal en contra de Rivas Reyes, para determinar los próximos pasos a seguir en una investigación penal que realizan.

Debe ser destituido

El contralor Argüello Poessy recordó que, según la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, todo funcionario está en la obligación de presentar su declaración de probidad antes de asumir un cargo y al cesar el mismo.

“Dice la ley que ni siquiera podemos asumir el cargo si no hemos presentado nuestra declaración de probidad”, enfatizó el colegiado.

Lo dicho por Argüello Poessy lo establece el artículo 15 de la Ley 438, relacionado con las sanciones por incumplirla, sobre todo a las faltas establecidas en el artículo 12 que señala:
“Para el literal a) del Arto. 12, si no cumple con la obligación de presentar la declaración en tiempo y forma antes de asumir el cargo, no podrá tomar (posesión) del mismo. Si incumple esta obligación al cese de sus funciones será sancionado con inhabilitación para el ejercicio de cargo público por cinco años”.

¿Todo nulo?

Lo anterior dejaría en entredicho desde el punto de vista legal, todas las elecciones nacionales, municipales y regionales que ha celebrado Rivas como presidente del CSE, incluyendo la del actual gobernante Daniel Ortega, pues ha sido él como máxima autoridad del Poder Electoral quien ha proclamado y declarado a los ganadores de cada contienda.

“No quisiera llegar a consideraciones de lo que pudiera ser o no ser, sino de lo que es, y, en este caso, es que (Rivas) no ha presentado su declaración de probidad de inicios de funciones”, señaló Argüello Poessy.

“Usurpador”, le dice Pallais

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais, consideró que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, cometió usurpación de cargo, pues para poder tomar posesión de cualquier cargo público requiere de la declaración de probidad. Pese a ello, señaló que las decisiones y actuaciones de Rivas no quedan inhabilitadas, pues jurídicamente él estuvo en un cargo putativo o de hecho.

El parlamentario señaló que ahora lo que queda es que la Asamblea Nacional apruebe una resolución en la que declare la nulidad en el cargo, y en el caso de no hacerlo, también tendría potestad de ejecutarlo la misma CGR.

Argüello Poessy añadió que “la falta de declaración de probidad implica una sanción administrativa que podría implicar hasta la destitución del cargo. Ayer, EL NUEVO DIARIO llamó a Rivas Reyes, pero su celular aparece como “inhabilitado”. También se llamó al vocero del CSE, Félix Navarrete, para conocer alguna reacción, pero éste, que dice que los medios no oficiales “manipulan la información”, no respondió a nuestras llamadas.

(Con la colaboración de Ramón H. Potosme)

¿Se repite operación de 2002?
La CGR nunca ha determinado presunción penal en contra de Rivas. En octubre de 2002, cuando existía un proyecto de resolución con esa sanción en contra de Rivas por manejos irregulares en Coprosa y donaciones de dinero del CSE a la iglesia Santa Marta, que dirigía monseñor Eddy Montenegro, la misma fue cambiada por una responsabilidad civil, curiosamente después de que se celebró una reunión privada entre el secretario general del Frente Sandinista, hoy presidente Daniel Ortega, y el cardenal Miguel Obando, a quien se le reconoce como el protector del titular del tribunal electoral.

Lo extraño es que la información la da a conocer el contralor, en el momento en que la jerarquía de la Iglesia Católica y el Gobierno se encuentran confrontados por la manera como los líderes religiosos han venido señalando el malestar de la población con el Ejecutivo, a partir del fraude electoral de noviembre de 2008, y que se ha incrementado recientemente con el “Informe Núñez”.

En estas contradicciones ha estado ausente y mudo el cardenal Obando, lo cual no debe ser del agrado del gobierno.