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La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) denunció este jueves los despidos arbitrarios de 135 médicos, especialistas y subespecialistas de las unidades de salud estatales, asegurando que es una forma de represalia por su participación o apoyo en las protestas ciudadanas iniciadas en abril.

Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de la AMN, explicó que la falta de subespecialistas en los hospitales y centros de salud tendrá un impacto negativo en la calidad de la salud de los nicaragüenses, porque ahora deberán acudir a clínicas privadas para recibir atención especializada.

“Eso va en deterioro y en perjuicio de los derechos del pueblo de Nicaragua, porque es obligación del Estado garantizar la salud. Eso afecta a la población que no tiene dinero para asistir a una consulta privada”, subrayó Duarte, quien calificó los despidos de profesionales de la salud como un acto “arbitrario, ilegal e irrespetuoso”.

Desde el fin de semana pasado, decenas de médicos han estado denunciando los despidos injustificados por las autoridades de salud en ciudades como Masaya, Carazo y León, en donde también han ocurrido fuertes disturbios en el contexto de la crisis sociopolítica del país que ha dejado más de 300 muertos y miles de heridos en tres meses y medio.

Si sacan a profesionales con mucha experiencia en especialidades, en su lugar ponen “gente sin calificación a atender a los pacientes, cuando no tienen la especialidad ni estudios ni años de experiencia como los médicos que han sido despedidos”, comentó el secretario de la junta directiva de la AMN.

“Esto va en contra de la Ley General de Salud, que favorece a la población desprotegida”, añadió Duarte, quien fue uno de los médicos que atendió a los heridos en las protestas y dice estar siendo perseguido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en su informe sobre la situación en Nicaragua que durante las protestas hubo irregularidades y denegación de la atención médica en hospitales estatales, según denuncias recibidas.

Ese informe, presentado en junio pasado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que en este contexto también se ordenó “restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de Medicina y personas voluntarias”.

El autoexilio

“Condenamos los despidos laborales arbitrarios y masivos de los colegas y trabajadores de la salud que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas”, declaró la Unidad Médica Nicaragüense en un comunicado.

Esta organización aglutina a las diferentes asociaciones de especialistas médicos nicaragüenses, que avalaron el pronunciamiento divulgado este jueves.

En el documento, los médicos denuncian también que algunos de sus colegas han “sido obligados al autoexilio” por situaciones de asedio y amenazas, por haber atendido a heridos en las protestas. Hasta el pasado 26 de julio, la AMN contabilizaba un total de 28 doctores que habían salido del país por persecución política y otro grupo que aún se estaba ocultando en territorio nacional.

Asimismo, la unión de médicos señala que el ejercicio de la medicina se está estigmatizando y criminalizando, y hace un llamado al sistema de salud nicaragüense para que sean atendidas todas las personas sin distinción, conforme la Ley General de Salud, Ley 423.

Médicos de Carazo relatan amenazas

Despedida, amenazada y hasta con una orden de captura, una médica se sintió obligada a huir de su hogar para salvar su vida, solo por haber atendido a protestantes heridos que llegaron al Hospital Regional Santiago de Jinotepe, en Carazo, según denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“Yo no puedo ni ir a retirar mi carta de despido, porque sé que me van a capturar”, narró la joven mientras su voz se quebraba y sus ojos se humedecían por la desesperación de no saber qué pasará con ella, y comentó que por esa situación ya no está viviendo en su casa en Carazo.

La médica asegura que la llamaron por teléfono para despedirla del trabajo y que antes la habían amenazado por Facebook. 11 de 21 trabajadores de la salud despedidos del hospital de Jinotepe llegaron este jueves a la CPDH, a interponer la denuncia de los despidos que consideran arbitrarios, y la mayoría pidió a los periodistas que protegieran sus nombres.

“Los armados me llegaron a buscar a la casa”, denunció la entrevistada, quien asegura que las unidades de salud están bajo control de parapoliciales.

Frente a la denuncia grupal estaba el cirujano general Julio Sánchez Salazar, quien después de 34 años en el Ministerio de Salud (Minsa) fue despedido. Afirmó que en el hospital no hubo orden de parcializarse y se atendió a heridos de ambos bandos.

Despidos sin explicaciones

“No entendemos por qué fuimos despedidos, porque simple y sencillamente lo que hicimos fue darle atención a la población, a los que no estaban involucrados en conflictos y también, como nicaragüenses, dimos atención a los dos bandos en lucha, sin ninguna discriminación por ideología política ni religiosa. Nuestra misión es operar, no juzgar", destacó el médico.

La radióloga Indira Martínez Robleto indicó que por su especialidad no atiende heridos; sin embargo, la acusan hasta de poner un puesto médico para los protestantes, algo que ella niega.

Martínez alegó que parte de los médicos en la lista de despedidos aparecieron en una foto con los protestantes, que la tomaron cuando los doctores pidieron pasar por un tranque. Alguien la subió a las redes sociales y luego comenzaron las amenazas y ahora los despidos, a partir del 18 de julio.

El procurador laboral de la CPDH, José López, señaló que los despidos son injustificados y no siguen los procedimientos legales, por lo que los considera ilegales.