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Bomberos voluntarios denunciaron ante organizaciones de derechos humanos que son objeto de amenazas y persecución, por haber asistido a heridos y lesionados durante las protestas antigubernamentales.

El acudir a prestar atención a las personas heridas y lesionadas durante las marchas antigubernamentales, que iniciaron en abril, tiene a “Sergio” refugiado en Guatemala. A ese país viajó en busca de refugio para su familia, cuando se sintió acorralado por las amenazas y el asedio de fuerzas represivas, según relató.

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Sus compañeros también dejaron sus casas para salvar sus vidas, dijo bajo condición de anonimato, asegurando que son unos 30 los bomberos voluntarios que tuvieron que huir.

A medida que arreciaban las protestas también se incrementaban los protocolos para atender las emergencias, recuerda el denunciante.

Él y sus compañeros reclamaron y ante la falta de respuesta, tomaron la decisión de formar grupos de trabajo para dar asistencia sin utilizar los emblemas del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

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El problema para ellos vino cuando sus rostros aparecieron en noticieros de televisión y fotografías de los diarios. Inicialmente, pensaron que como su labor no tenía nada que ver con las protestas ni con posiciones políticas, no tendrían ningún problema, pero se equivocaron.

“A nosotros nos balearon (dispararon), a un doctor que también era bombero voluntario y a otro se lo llevaron a El Chipote. A otro, cuando iba saliendo de una gasolinera, unos encapuchados lo golpearon. Así, uno por uno nos han ido cazando”, asegura el entrevistado, indicando que al menos 30 de sus compañeros buscaron refugio en el extranjero y otros todavía están huyendo en Nicaragua.

“A los que no nos pudieron amedrentar con las primeras advertencias, nos echaron a las turbas y los policías. Entonces, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por esa razón se desató una cacería de brujas”, aseguró Sergio, quien dejó el país tras lograr huir de la policía.

Benemérito desconoce

Sobre esta denuncia, el director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, comandante Enrique Chavarría, comentó que como institución participaron en todos los eventos y estuvieron dando asistencia a quien la necesitó, pero desconoce las denuncias planteadas.

“No tengo conocimiento al respecto y no puedo especular. No hemos tenido noticias de eso”, declaró.

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Tampoco dijo estar al tanto de la conformación de grupos de bomberos voluntarios que actuaron de forma independiente.

En representación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Denis Darse confirmó que han documentado las denuncias sobre la persecución a los bomberos voluntarios.

“En ese grupo se ubican los médicos, auxiliares de medicina, siendo un grupo importante y activo, la gente de los cuerpos de bomberos voluntarios. Incluso, algunos nos han dicho que se sienten asediados por la frecuencia con que pasan por sus viviendas las patrullas policiales”, afirmó Darce.

“Esta gente desempañaba una labor humanitaria que debería ser respetada en cualquier situación o conflicto, y en ese sentido no puede considerarse una posición política; incluso, su actuación pertinente seguramente salvó varias vidas y representó una disminución de las cifras mortales en este conflicto”, alegó Darce.

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Detenciones ilegales, asedio, despidos de médicos y maestros, criminalizaciones y migraciones forzadas, son las principales consecuencias que enfrentan quienes son críticos del Gobierno o han participado directamente en protestas contra el mandatario Daniel Ortega, alegan organismos de derechos humanos.

El caso más reciente denunciado por las redes sociales es el del médico Ernesto Narváez, quien este sábado tuvo un fuerte cruce de palabras con miembros de la Policía de Tránsito, mientras circulaba en su vehículo cerca de ENEL Central.

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En el video se aprecia a Narváez increpando a los oficiales de tránsito y uno de estos lo persigue varios metros, dándole golpes al vehículo. Cuando el médico detiene la marcha, el oficial hace un ademán de querer propinarle un golpe con su arma de portación.

“Dame, solo el arma tenés, cobarde”, alcanza a gritar Narváez, mientras los oficiales se alejan del sitio.

Al momento del percance, Narváez se dirigía hacia la marcha convocada para solidarizarse con los más de 135 médicos que han sido despedidos de hospitales públicos.

Migración forzada

Fuentes vinculadas a organismos defensores de Derechos Humanos en el país, señalan que diario reciben denuncias de personas que temen por su vida, que han sido víctimas de la violencia o afirman que les han despedido injustificadamente.

“Estas denuncias son de personas que se sienten perseguidas, que les han allanado sus casas y que están en listas que hacen los CPC (Consejos del Poder Ciudadano) del barrio, para ser capturados”, afirmó Pablo Cuevas, miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

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La fuente indicó que, debido a estas circunstancias, muchos nicaragüenses han tomado la decisión de migrar, como es el caso del cantautor Carlos Mejía Godoy, quien este viernes hizo público que se había exiliado en Costa Rica por considerar que su permanencia en Nicaragua ponía en riesgo su vida.

“Lo que pasó con él (Carlos Mejía) es lo mismo que está pasando con muchos ciudadanos. Lamentablemente están siendo víctimas de la persecución y no es una medida exagerada que las personas se vayan”, enfatizó Cuevas.

Según el último reporte de la Dirección de Migración y Extranjería, hasta el 30 de julio pasado habían emitido más de 7,000 pasaportes y brindado 824 visas a menores de edad.

Datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) divulgados esta semana, al menos 23,000 nicaragüenses intentaron obtener asilo en Costa Rica desde el inicio de la crisis en abril de este año.

Detenciones y despidos

Han continuado las detenciones ilegales, como la ocurrida el jueves contra el exmilitar Tomás Maldonado Pérez, de 63 años, quien fue  sacado de la casa de una de sus hijas por encapuchados y su paradero es desconocido.

Los integrantes del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tienen conocimiento del caso de Maldonado, según informaron.

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Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) denunciaron la desaparición de la también estudiante Ivonne Morales, luego de que ella bailara en público una canción folclórica, en protesta contra el Gobierno.

La CIDH, a través de su cuenta oficial de Twitter, solicitó al Gobierno no seguir realizando estos despidos.

“Ante denuncias recibidas por Meseni, la CIDH llama al Estado de abstenerse de realizar despidos arbitrarios, hostigar, acosar o amenazar a trabajadores de la salud que atendieron heridos durante las protestas o por expresar una posición crítica al Gobierno”, señala el tuit del organismo humanitario.